Tras la reunión de gobernadores con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, Poggi manifestó enfáticamente: "El presidente Milei tiene que disponer de la nueva Ley Bases para poder gobernar, y el Congreso debe darle esta herramienta de gestión sin condicionamientos".

El mandatario puntano intentó justificar su férrea postura alineada con Milei, afirmando que las provincias deben asegurar servicios esenciales como salud, educación y seguridad. Sin embargo, contradictoriamente sostiene que esto se logra equilibrando las cuentas públicas a través de un ajuste fiscal drástico, repitiendo el mantra liberal del gobierno central. "En la Nación pasa lo mismo, no se puede avanzar sin equilibrio fiscal a cualquier costo", agregó Poggi.

Las medidas económicas radicales adoptadas por el Gobierno de Milei, como la desregulación total de precios, la liberalización de las importaciones y la quita de controles e intervenciones estatales, han beneficiado descarada y exponencialmente a grandes empresas oligopólicas y multinacionales. Esto ha provocado un aumento desmedido, injustificado y tremendamente perjudicial en los precios de productos de consumo masivo para la población.

Compañías como las gigantes Unilever, Procter & Gamble, Arcor, La Serenísima, Bimbo, Celusal, Dos Anclas y las principales prepagas médicas del país lideraron los escandalosos incrementos de precios registrados en enero. Estos alzas descontroladas superaron ampliamente la inflación general, transfiriendo riqueza de los sectores populares hacia sus propios bolsillos corporativos.

Mientras los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables sufren los embates de una inflación galopante con salarios licuados, el Gobierno de Poggi se niega sistemática y obstinadamente a brindar explicaciones sobre los privilegios otorgados a los sectores económicos más acaudalados y poderosos de la provincia. Evidencias preocupantes como el aumento injustificado y desproporcionado en las partidas de gastos de personal del Estado provincial, generan fundadas sospechas de sobresueldos discrecionales y beneficios especiales para funcionarios y allegados al poder oficial. Esta situación contrasta violentamente con los duros recortes y ajustes salariales implementados hacia los trabajadores estatales de menores ingresos.

También le consultaron sobre el Impuesto a las Ganancias, y recordó que “el año pasado se eliminó para los sueldos medios y altos” cuando él era diputado: “No voté esa ley, no estaba de acuerdo”.

“En cualquier lugar del mundo, así como un monotributista paga impuestos, los sueldos altos, digamos de entre un millón y medio y dos millones de pesos, tienen que pagarlos también. Soy partidario de restituir el piso del Impuesto a las Ganancias, aunque acepto los motivos que tienen, por ejemplo, las provincias patagónicas para negarse, porque en esa región hay sueldos muy altos porque el costo de vida es más elevado”, agregó.

Al mismo tiempo consideró que la eliminación de Ganancias a la cuarta categoría “significó para San Luis la pérdida de la masa salarial equivalente a un mes y medio, o sea que es dinero que no se pudo destinar a docentes, policías, médicos, es un gran hueco fiscal que se produjo”; puso en evidencia de esta manera que su plan para captar recursos financieros pasan por apretar a asalariados sin tocar ni un pelo de los jugosos beneficios de las grandes empresas.

El gobernador insistió con la predisposición al diálogo con los gobernadores y el Gobierno nacional: “Queremos que se reinstale con otras características, quizás con un mínimo imponible más alto. Lo importante es que se dialogó con mucha armonía para ver si llegamos a un acuerdo, siempre con mucho respeto”.

Pese a las manifestaciones que aparentan mesura y cuidado de los recursos públicos, el gobernador Poggi se niega a responder sobre las razones que lo llevan a ajustar por abajo y conceder privilegios a los de arriba: la verdadera casta.

En otro orden, el convenio firmado entre la empresa estatal Agrozal San Luis y la multinacional Cargill, valorado en la astronómica cifra de casi 30 mil millones de pesos, se encuentra envuelto en una opacidad y falta de transparencia inadmisibles que impiden conocer los términos puntuales del acuerdo y descartar eventuales conflictos de intereses.

En resumen, mientras el gobernador Claudio Poggi respalda ciegamente y sin fisuras la polémica y controvertida política económica ultra liberal impulsada por Javier Milei, los sectores populares, trabajadores, jubilados y las clases media y baja de San Luis se ven sometidos a un brutal ajuste que aplasta sus ingresos y calidad de vida, al tiempo que se produce una escandalosa e inaceptable transferencia de riquezas e ingresos desde los más vulnerables hacia las grandes corporaciones oligopólicas y los grupos económicos más concentrados.

Esta situación de profundo desequilibrio, inequidad y deterioro de las condiciones de vida de las mayorías ha generado un creciente malestar social y un fuerte cuestionamiento hacia las decisiones del Gobierno provincial, que para muchos ciudadanos puntanos parece anteponer descaradamente los intereses de élites económicas y empresariales antes que el bienestar de la inmensa mayoría de los habitantes de San Luis.