El Gobierno de la Provincia de San Luis levantó la intervención de San Luis FC de fútbol femenino, tras considerar que se cumplieron “todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución”, cuyo control comenzó el 29 de diciembre de 2023 por denuncias de corrupción e incompatibilidades institucionales.

“El hallazgo del colectivo que había comprado la exsecretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la conclusión a la que llegaron los interventores del San Luis Fútbol Club, quienes consideran que ya cumplieron todos los pasos necesarios para comenzar con la regularización de la institución, llevaron al Gobierno de San Luis a dar por terminada la intervención que había comenzado el 29 de diciembre del año pasado” afirmó la Agencia de Noticias del Estado Provincial.

“Con la recuperación del colectivo y el inicio de acciones penales contra la presidenta del club, los interventores creen que ya tienen el conocimiento suficiente de las actividades deportivas, institucionales y sobre la existencia de bienes, por lo que van a convocar a una asamblea de oficio para el nombramiento de una nueva comisión directiva y una comisión revisora de cuentas” afirmaron.

Según la misma comunicación esa asamblea “será el viernes 2 de febrero a las 18 en la sede de Personería Jurídica, ya que el club carece de un espacio físico propio”.

Advirtieron además que queda por resolver “el padrón de asociados ya que aseguran que hay 16 socios activos y 153 adherentes, una categoría que eliminó la comisión directiva anterior, por lo que existe una irregularidad”.

La intervención impulsada por el gobierno provincial derivó en la suspensión provisoria de la afiliación de la Liga Sanluiseña, dispuesta por el ente nacional el pasado 8 de enero y en una primera intimación enviada el 29 de diciembre de 2023 contra ese acto administrativo.

La AFA comunicó que para levantar la suspensión el gobierno de Claudio Poggi debía cesar con la intervención a SLFC, ya que la Liga “debía asegurarse de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos, lo que incluye a sus afiliados" y designó a la funcionaria cuestionada como vicepresidenta del Federal A de AFA.

Ramírez fue denunciada por el gobierno provincial por "violación de deberes de funcionario público", por presuntos adelantos de pagos a una empresa por movimientos de suelos y la realización de un alambrado olímpico para la construcción de canchas de fútbol en la Universidad de La Punta.

Se la acusa de haber ordenado el pago de $45.864.000, más un adelanto de $24.906.000 por 'movimiento de suelos' y otros $12.250.000 por el cierre olímpico, que hasta ahora no se han realizado, denuncia a la que se suma otra radicada a fines de diciembre por haber transferido dinero por sumas que rondan los 300 millones de pesos a un ente descentralizado de deporte y a un club de fútbol, ambas entidades de las cuales la exfuncionaria era titular.

El 15 de enero, Cintia Ramírez, en una conferencia de prensa junto a los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, negó la presunta incompatibilidad de cargos como titular simultánea de una cartera gubernamental y una sociedad sin fines de lucro y afirmó que se trata “de una persecución política, como les sucede a otros exintegrantes del Gabinete del exgobernador, Alberto Rodríguez Saá”.

“Las denuncias la afectan a nivel personal y profesional, como también a su futuro. Son acusaciones muy graves sobre malversación de caudales públicos, figura de peculado, hasta una defraudación por la compra de este famoso colectivo cuyo único beneficiario era el equipo, las chicas y el club”, indicó Juárez, quien insistió que su clienta actuó “dentro de los procedimientos administrativos” vigentes.

La Fundación Solidaridad Cáncer Argentina convocó hoy a una marcha para el próximo domingo 4 de febrero en reclamo de soluciones para pacientes oncológicos a los que “no les está llegando el tratamiento en tiempo y forma” para una enfermedad que "no puede esperar”.

Así lo expresó a Télam Radio la titular de la fundación, Débora Bosco, quien sostuvo que buscan “visibilizar que, lamentablemente, hoy los pacientes están teniendo un inconveniente con los tratamientos”.

Junto a familiares e instituciones oncológicas concentrarán este domingo 4 a las 15 frente al Congreso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer.

La convocatoria surge a partir de la necesidad de “que empiecen a entregar los tratamientos como corresponde a estas familias que están tan angustiadas”, aseguró Bosco.

En esa línea, indicó que las instituciones que nuclean a pacientes con cáncer tienen comunicación “con el Ministerio de Salud de provincia (de Buenos Aires)" y desde ese organismo “está llegando la medicación como corresponde”.

Sin embargo, precisó que hay "inconveniente con lo que es Nación”, en relación a tratamientos que se encuentran por fuera del vademécum de la Provincia de Buenos Aires y que solamente entrega la cartera de salud nacional.

“Tenemos 10 familias a la espera del Prembolizumab que, lamentablemente, el tratamiento no les llega. Y esas familias todos los días nos llaman, obviamente muy angustiados, porque el cáncer no espera”, sostuvo Bosco.

Ante esta situación, la organización decidió "salir a dar a conocer esto para que, obviamente, se regularice”.

La concentración, que estará acompañada de intervenciones artísticas, “se va a realizar muy pacíficamente y apolíticamente”, resaltó la titular de la Fundación Solidaridad Cáncer.

“Va a ser algo muy tranquilo, y como siempre decimos en la salud no hay bandera política”, cerró.

La Justicia brasilera dictaminó que las mineras Vale, Samarco y BHP (Broken Hill Proprietary, por sus siglas en inglés) deberán pagar el equivalente de unos 9.560 millones de dólares por los daños provocados por el colapso en 2015 de una represa en la localidad brasileña de Mariana, en Minas Gerais (centro) que mató a 19 personas y devastó la región.

"Las empresas BHP, Vale y Samarco fueron condenadas al pago de indemnización por daños morales colectivos, en razón de la violación de los derechos humanos de las comunidades afectadas", señaló la sentencia.

El fallo determinó que los gigantes mineros brasileños Vale y Samarco y el angloaustraliano BHP deberán pagar 47.600 millones de reales (unos 9.560 millones de dólares), según detalló el documento jurídico.

El juez sustituto Vinicius Cobucci, de un tribunal federal de Belo Horizonte, ordenó que la suma vaya a un fondo administrado por el gobierno de Brasil y se utilice en proyectos e iniciativas en áreas afectadas, a lo que se le debe sumar los intereses desde el 5 de noviembre de 2015, cuando ocurrió la tragedia medioambiental, según publicó hoy la agencia France Press.

El fallo determinó que "las comunidades se vieron impactadas en su vivienda, trabajo y relaciones personales", a causa del siniestro ocurrido en el que también "murieron personas" y "hubo degradación ambiental".

"La perturbación generó afectaciones al ecosistema, con interferencia negativa en varias cadenas productivas y procesos ecológicos", apuntó el fallo.

Sin embargo, un pedido del pago de indemnización por daños a las víctimas consideradas de manera individual, fue rechazado "por razones técnicas".

"La solicitud no aportó elementos mínimos para identificar las categorías de afectados y qué daños sufrieron esas categorías", apuntó el documento, que deja abierta la posibilidad de "considerar una nueva solicitud si cumple con los requisitos mínimos legales".

En tanto, la justicia británica postergó de abril a octubre de 2024 el examen de una demanda colectiva (de más de 700.000 participantes) vinculada también al desastre de Mariana, en el que reclaman miles de millones de libras a BHP.

El gigante angloaustraliano era copropietario, junto con el grupo brasileño Vale, de la minera brasileña Samarco, que administraba la represa.

El colapso del dique cerca de las localidades de Mariana y Bento Rodrigues en el Estado de Minas Gerais vertió casi 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales altamente contaminantes.

El desastre medioambiental de lodo recorrió 650 kilómetros por el río Doce hasta el Atlántico, arrasó localidades, mató a 19 personas y devastó la flora y la fauna en toda la región, que alberga el hábitat ancestral de los indígenas krenak.

La condena del accidente de Mariana se conoce el día en que se cumplen cinco años del accidente de Brumadinho, otra tragedia minera que sucedió el 25 de enero del 2019, en el que fallecieron al menos 270 personas y dejó graves consecuencias medioambientales.

En ese entonces, una represa, también propiedad de Vale que contenía más de 11 millones de metros cúbicos de desechos mineros colapsó y cubrió la zona, también en Minas Gerais, de un espeso mar marrón de lodo.

En 2021, la compañía aceptó pagar casi 38.000 millones de reales (unos 7.000 millones de dólares) en daños, incluidas tareas de limpieza ambiental. Vale dijo que también alcanzó acuerdos individuales para pagar otros 3.500 millones de reales a las familias de las víctimas y otros afectados.

Un tribunal federal procesó en enero de 2023 al director ejecutivo de Vale, Fabio Schvartsman, y a otras 15 personas por este desastre.

Los fiscales alegan que Vale y la firma de consultoría alemana Tuv Sud, que auditó la seguridad de la presa, actuaron en complicidad para ocultar el riesgo de colapso.

Tuv Sud también enfrenta un juicio en Alemania.

El juzgado de Feria de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó hoy un pedido de una medida cautelar, formulada en diciembre pasado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, al considerar que "las constancias aportadas resultarían insuficientes para tener por acreditados los supuestos agravios irreparables" que que generaría la normativa.

Así lo estableció la justicia en un dictamen al que tuvo acceso Télam, en el cual se sostiene que además "no" hay criterios razonables para establecer que haya un "peligro en la demora" respecto de la declaración.

Además, el escrito remarca que "la pretensión cautelar resulta sustancialmente idéntica al objeto principal de la acción intentada, por lo que de acogerse favorablemente la medida solicitada, el actor obtendría anticipadamente la satisfacción que persigue con la acción de fondo intentada, afectándose el objeto del pleito con menoscabo a las garantías constitucionales ya referidas".

"En definitiva, y teniendo en cuenta el objeto de la demanda y que, como se dijo, el estudio de la tutela pretendida implica examinar de manera anticipada la materia debatida en la causa, ello determina, junto con el resto de las consideraciones vertidas en el presente pronunciamiento, el rechazo de la medida precautoria requerida", agrega el texto.

El 26 de diciembre pasado, Domínguez presentó una acción acción declarativa contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta e insanable del DNU 70/2023 y solicitó la medida cautelar que recayó en el juzgado citado "con el objeto de que se disponga la suspensión de los efectos del decreto hasta tanto se dicte sentencia definitiva".

El pedido a la justicia de parte del constitucionalista planteó que "la ejecución del decreto impugnado genera un perjuicio de imposible reparación ulterior puesto que intenta sustituir la función legislativa asignada por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación".

Frente a esta situación, el Estado hizo una presentación el 18 de enero pasado y solicitó que se desestime la medida peticionada por Domínguez en tanto la decisión de hoy concluye con que "no se ha podido demostrar alguno de los requisitos" establecidos por el derecho para otorgar la cautelar.