El tratado en cuestión, que había sido firmado por todos los municipios involucrados, fue revocado de manera unilateral por el actual gobernador Claudio Poggi en diciembre de 2023. Esta medida, anunciada en un breve discurso sin la emisión de un acto administrativo formal, desató una ola de críticas y preocupaciones legales.

Martínez Herrero, en entrevista con Fito Carranza, detalla cómo se involucró en el caso a través del entonces intendente de La Toma, Ernesto Pipi Ali, quien lo contactó para abordar la situación tras la revocación del tratado. Tras analizar la documentación pertinente, Martínez Herrero concluyó que las acciones del gobernador Poggi eran inconstitucionales.

En su defensa de los municipios afectados, Martínez Herrero presentó una acción declarativa con pedido de inconstitucionalidad de los decretos 150/2023 y 35/2024, que revocaban el tratado y sus convenios específicos. Además, solicitó al Tribunal Superior de Justicia que investigara las cuentas de la provincia para demostrar que los fondos para pagar los salarios estaban disponibles, refutando así la supuesta emergencia económica invocada por el gobierno.

El objetivo principal de estas acciones legales es restablecer los términos del tratado de La Toma y garantizar el pago de los fondos correspondientes a los municipios afectados. Martínez Herrero subraya la importancia de este acuerdo para evitar que los empleados municipales se vean afectados económicamente, recordando el compromiso original de garantizar que ningún trabajador gane por debajo de la línea de pobreza.

En medio de las críticas hacia el gobierno provincial por sus decisiones, Martínez Herrero destaca la falta de solidaridad hacia los municipios afectados, en contraste con la solidaridad expresada hacia otras provincias. Su trabajo legal busca rectificar estas injusticias y garantizar la protección de los derechos y recursos de los municipios frente a acciones gubernamentales arbitrarias.

En conclusión, el papel de Leonardo Martínez Herrero en la defensa de los municipios ante decisiones controvertidas del gobierno provincial destaca su compromiso con la justicia y la protección de los intereses locales en un contexto político desafiante. Su labor legal es un recordatorio de la importancia de la vigilancia ciudadana y el acceso a la justicia para salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades