En su carta de renuncia, el pasado 23 de mayo, el ahora ex secretario de Comercio Roberto Feletti aseguraba: “La situación actual exige el desarrollo de nuevos instrumentos, principalmente en relación con la necesidad de desacoplar el precio de los alimentos a nivel mundial de aquel que pagamos las argentinas y los argentinos. También urge implementar una mayor coordinación del gabinete económico y establecer un ámbito que evalúe de manera sistemática la evolución de la crisis mundial derivada de la guerra, para adoptar medidas que permitan enfrentar sus efectos adversos”.

En efecto, y más allá de si la inflación nacional es multicausal —como alega la heterodoxia— o producto de la emisión —como suelen argumentar los liberales—, el proceso inflacionario es un problema creciente en todo el mundo con su impacto consecuente en las góndolas argentinas.

De acuerdo con Feletti, las herramientas regulatorias establecidas por la Secretaría de Comercio, como la ampliación de la canasta de Precios Cuidados, “se tornaron insuficientes a partir del inicio del conflicto bélico en Ucrania y el consecuente impacto en el precio internacional de los alimentos”. Y no parece ser el único que lo cree.

“Los daños económicos causados por el conflicto contribuirán a una importante ralentización del crecimiento mundial en 2022 y aumentarán la inflación. Los precios de los combustibles y los alimentos han aumentado rápidamente, afectando más a las poblaciones vulnerables de los países de bajos ingresos», señala el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de abril.

Si bien la Argentina cerró el mes pasado en el sexto puesto entre los países con los Índices de Precios al Consumidor (IPC) más altos del mundo, el fenómeno es general. El FMI estima que la inflación promedio de 2022 para las economías desarrolladas será de 5,7%, y de 8,7% para mercados emergentes y países en desarrollo.

La proyección del organismo de crédito se corresponde con la curva ascendente que el fenómeno viene experimentando desde 2019. Con la pandemia, el IPC mundial saltó de 1,9 en 2020, a 3,4 en 2021: un incremento anual del 79%.

De desafíos y oportunidades

El pasado miércoles 18, el semanario británico The Economist publicó que el aumento global en los alimentos redundará en hambrunas generalizadas. En este marco, como país productor de alimentos, la guerra le plantea a la Argentina un enorme desafío y también un abanico de oportunidades.

De acuerdo con la publicación, entre Ucrania y Rusia proveen al mundo el 15% del maíz, el 29% de la cebada, el 28% del trigo y el 80% del aceite de girasol. Sólo para mencionar uno de estos insumos, desde que se inició la guerra el precio internacional del trigo aumentó casi un 50%.

Entre las medidas que ideó Feletti para desacoplar los precios locales de estos productos de los internacionales, se encontraban los cobros de derechos de exportación, los cupos para las exportaciones y la creación de fideicomisos. Las internas dentro del Frente de Todos impidieron que se avanzara con la mayoría, e incluso aquella a la que decidió dársele curso a través de un decreto presidencial —el fideicomiso alimentado por el aumento de dos puntos en las retenciones a las exportaciones de derivados de la soja, para financiar el Fondo Estabilizador del Trigo— aún no ha sido aplicado.

Sin embargo, las ideas del ahora ex funcionario son similares a las que se han tomado en otros 23 Estados, que han aplicado algún tipo de medida proteccionista sobre el comercio de alimentos desde marzo de 2022, mes en el que comenzó la guerra, según el International Food Policy Research Institute (IFPRI).

“Los cierres generan un efecto de segunda vuelta en el precio de los alimentos por la reducción en la oferta internacional. Varios de los países que establecieron políticas proteccionistas son productores de alimentos relevantes —detalla la economista y docente Eva Sacco, integrante del Centro de Economía Política (CEPA)—. India prohibió la exportación de trigo; Indonesia lo hizo durante un mes para la exportación de aceite de palma (un insumo difundido de la industria alimentaria y cuyo principal sustituto es el aceite de soja); Turquía, el quinto producción de aceite de oliva del mundo, prohibió también la exportación de aceites y grasas”.

Luego agrega: “Más allá de que el extraordinario precios de los alimentos es una excelente oportunidad para la Argentina, es impensable no pensar en establecer algún tipo de política de protección al mercado interno cuando todos los países productores lo hacen. Es imposible que nuestros trabajadores compitan con el poder de compra de los países centrales, lo cual estará exacerbado si la oferta mundial sigue reduciéndose”.

Con el traspaso de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Desarrollo Productivo al de Economía, y con la asunción de Guillermo Hang como su titular, resta esperar cuáles serán, si es que las hay, las medidas que esta dependencia —o todo el equipo económico— tome para hacerle frente a un fenómeno que necesariamente incrementará aún más la tendencia al alza de los precios locales de los alimentos.