La Corte Suprema dispuso este lunes que el juzgado federal de Paraná le remita el expediente por el cual otorgó la medida cautelar que frenó la designación de representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, al tiempo que remitió al juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 la causa en la que resolvió la inconstitucionalidad de la integración del organismo que selecciona y remueve a los magistrados.

"Por disposición del Tribunal, requiérase al titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná que, en el plazo de tres horas, remita, en formato digital, la causa CAF 3415/2022 Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados Nacional y otro s/ amparo ley 16.986", sentenció la Corte.

La medida tiende a consolidar los pasos para resolver el amparo y, de esta manera, dejar allanado el camino para que el Consejo vuelva a su integración de 20 miembros con el titular Horacio Rosatti al frente del organismo.

Elegidos ya los nuevos miembros técnicos -jueces, abogados y el académico que se conocerá este lunes-, resta despejar el amparo presentado por el diputado Marcelo Casaretto en la Justicia federal, en un intento de defender las "facultades del Congreso" para sancionar una ley que regule la composición y el funcionamiento del Consejo.

La oposición en el parlamento ya anticipó que pedirá un "salto de instancia" para que la Corte entienda inmediatamente en la ponderación del recurso, y el pedido de enviar el expediente en "3 horas" parece tener relación con esta necesidad.

En ese sentido, el abogado Guillermo Sagués presentó por la mañana el pedido de "per saltum" a la Corte, en razón "de la urgencia y gravedad institucional que el caso conlleva".

Sagués fue elegido consejero bonaerense en 2003 como representante de los abogados del interior del país y ya se expresó públicamente acerca de la falta de "equilibrio" en el Consejo de la Magistratura.

También mediante un escrito firmado este lunes, la Corte remitió para su consideración el expediente iniciado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que planteó la inconstitucionalidad en la composición del Consejo y obtuvo un fallo de la Corte.

En diciembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional el balance entre consejeros técnicos y políticos, y fijó un plazo de 120 días -que venció el viernes último- para que el Congreso sancionara una nueva ley o se volviera a la composición de veinte miembros previa a la ley modificada en 2006 que los redujo a 13.

El oficialismo de la Cámara de Diputados aspira la próxima semana a iniciar el debate del proyecto sobre la nueva composición del Consejo de la Magistratura votado hace diez días por el Senado, aunque el vencimiento del plazo para legislar, que se cumplió este viernes, abre un panorama incierto sobre el tratamiento de la iniciativa.

En tanto, desde Juntos por el Cambio (JxC), sus autoridades parlamentarias ya elevaron a sus pares del Senado y de la Cámara de Diputados los nombres de sus representantes para ocupar los dos nuevos lugares que le corresponderán al Congreso en la ampliada nueva composición.

Sin embargo, la designación de esos dos representantes está frenada por una precautelar de un Juzgado Federal de Paraná que insta a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente de Diputados, Sergio Massa, a abstenerse de efectuar dichos actos por cinco días hábiles.

"Las Cámaras no podrán designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura, y se les otorga cinco días hábiles para efectuar los descargos. El objetivo de mi amparo es que sea el Congreso de la Nación quien sancione una nueva Ley sobre el tema", explicó Marcelo Casaretto, el diputado nacional entrerriano que motorizó el pedido judicial que derivó en la precautelar.

Conocida la medida judicial, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, consideró que "la pre cautelar genera una ventana de oportunidad para encausar institucionalmente el tema", y que el Congreso debe "aprovecharla".

"Hay que convocar al diálogo político a los líderes opositores y trazar juntos un camino para que podamos dar el debate en Diputados de la media sanción del Senado, obtenida sobre el proyecto del Ejecutivo con modificaciones. Tenemos que trabajar para que haya una nueva ley", remarcó.

Para el santafesino, "son tiempos que requieren serenidad por parte de todas las fuerzas políticas. Observo en algunos dirigentes opositores mucha ansiedad por acelerar designaciones que pueden tener consecuencias institucionales graves. Seamos prudentes y responsables".

"La pre cautelar lo dice con claridad. Las autoridades del Senado y Diputados se tienen que abstener de designar nuevos integrantes del Consejo. Son funcionarios públicos. Deben cumplir el fallo de la Justicia Federal de Paraná. ¿O quieren que desobedezcan una orden judicial?", se preguntó Martínez en referencia al accionar de JxC.

 

La respuesta llegó por parte de Mario Negri, presidente del bloque radical y ex titular del interbloque JxC; "Germán, estás pidiendo que Massa y Cristina Kirchner desobedezcan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No te parece demasiado? Los fallos de la Corte no se discuten en primera instancia, lo sabe cualquier ciudadano (menos el juez de Paraná)".

En el contrapunto, Martínez agregó: "Mario. Sabes que no estoy de acuerdo con que la Corte asuma facultades legislativas. Un Juez Federal hizo lugar a un planteo de un diputado para agotar la vía legislativa. ¿Quieren designar integrantes con una ley derogada en vez de agotar las instancias para una nueva ley?".

Para avanzar en esa pretendida resolución legislativa, el titular de la bancada oficialista aspira a poder iniciar la semana próxima el debate del proyecto en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, aunque las mismas aun no fueron constituidas.

Al hecho formal de la constitución de esos grupos de trabajo se suma la cuestión política: el Frente de Todos no cuenta con los votos propios necesarios para poder aprobar el proyecto y no tiene certeza de llegar a alcanzar la mayoría ni siquiera con la concurrencia de posibles aliados.

El oficialismo debe llegar a 129 para formar quórum, y cuenta con 118 propios, cinco del interbloque Provincias Unidas y el posible acompañamiento de uno o dos diputado de bloques minoritarios, por lo que no superaría los 125.

En el sector contrario al proyecto ya anticiparon su rechazo JxC (116); el oficialismo cordobés (3) y los libertarios (4), más el posible acompañamiento de uno o dos diputados de bloques minoritarios, por lo que habría una paridad con la posición del oficialismo.

En esa instancia, toman un rol decisivo los bloques e interbloques que aún no fijaron postura definitiva sobre el tema: Identidad bonaerense (tres integrantes), con Graciela Camaño como figura principal en temas jurídicos; el socialismo santafesino (2) y la Izquierda (4).

Mientras en el oficialismo piensan en como avanzar con el tratamiento del proyecto JxC da por hecho que el tiempo del Parlamento para sancionar la ley se agotó, tal como lo dispuso la Corte Suprema en su sentencia de diciembre cuando dijo que el plazo expiraba el viernes 15 de abril.

En ese sentido, el miércoles pasado, último día hábil de la semana, "el bloque radical propuso a Roxana reyes para el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Se presentó la nota en Mesa de Entradas, dirigida a Sergio Massa, con copia a la Corte y al Consejo", avisaron.

En el mismo sentido, el bloque Pro de la Cámara alta envió una nota a Cristina Fernández de Kirchner proponiendo el nombre del cordobés Luis Juez.

Los nombres de quienes deben ser los nuevos representantes del Congreso ante el Consejo de la Magistratura –independientemente de una nueva sanción legislativa o no- también abren un nuevo frente de disputa por las diferencias de interpretación entre los dos espacios mayoritarios del parlamento.

Desde el oficialismo del Congreso dejaron trascender que esos lugares les podrían corresponder al senador kirchnerista Oscar Parrilli y a la diputada de la Izquierda, Myriam Bregman. La discusión está abierta.

El Grupo Dass -una firma dedicada a la producción de calzados deportivos- anunció que comenzará a fabricar la marca FILA en la planta que posee en el partido bonaerense de Coronel Suárez, donde incorporará 2 líneas de producción y sumará 100 nuevos puestos de trabajo, informó la empresa.

En la actualidad, la empresa cuenta con dos plantas en la Argentina -en Coronel Suárez y en la localidad misionera de Eldorado- con una plantilla total de más de 1.500 trabajadores.

En Coronel Suárez, donde produce desde 2016, se fabrican las marcas Adidas y Reebok, y ahora se incorporará los productos de FILA.

Mientras que en la planta de Eldorado, Misiones, fabrica para las marcas Nike, Umbro, Asics y Under Armour, en el marco de una política de sustitución de importaciones con productos fabricados localmente.

En un comunicado, la empresa destacó que "Grupo Dass, que desembarcó en Argentina en 2007 y lleva invertido más de USD 185 millones en el país, vuelve a impulsar su crecimiento local".

El anuncio fue hecho este fin de semana por el director de Grupo Dass para América Latina y presidente de Grupo Dass en Argentina, H. Brian Handley, durante la visita a la planta del secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, y del intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero.

Con una producción promedio de 304.000 pares por mes, DASS planea alcanzar los 3.3 millones de pares para fin de año incrementando 20% su volumen de producción local.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que la "decisión estratégica" de expropiar las acciones de YPF en manos de la empresa española Repsol en 2012 "fue un acto de soberanía que cambió la dinámica sectorial" y que permitió a la Argentina estar en camino a "construir soberanía energética".

"Hoy se puede hablar de construir soberanía energética porque hace 10 años se tomó una decisión estratégica. Hoy Vaca Muerta tiene la importancia que tiene por esa misma decisión. Recuperar YPF fue un acto de soberanía que cambió la dinámica sectorial", aseguró Guzmán, al cumplirse una década del anunció de expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol que, días más tarde, sería ratificada por el Congreso Nacional.

En ese sentido, señaló que aquella medida permitió un "notable aumento de la inversión para poner en marcha el desarrollo productivo de Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. Y así, cambiar la historia energética de nuestro país".

"Hoy se puede hablar de construir soberanía energética porque hace 10 años se tomó una decisión estratégica. Hoy Vaca Muerta tiene la importancia que tiene por esa misma decisión".

"Luego de una nueva etapa de desinversión y declive desde fines de 2015, YPF está transitando un notable proceso de recuperación, con el mayor programa de inversión del último lustro (USD 3.700 millones)", escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

Y afirmó: "Cuando YPF crece, toda la industria energética nacional se potencia".
Por último, destacó que "hoy Argentina enfrenta una gran oportunidad para acelerar el desarrollo energético, lo que sería transformacional para nuestro sistema productivo y la estabilidad económica".

"La decisión sobre YPF del 16 de abril de 2012 permite que 10 años después este camino sea posible", cerró.

A principios de abril, directivos de YPF afirmaron en una reunión con Guzmán y otras autoridades del ministerio que, con el impulso de nuevas obras de infraestructura, la empresa podría producir hacia 2026 más de un millón de barriles diarios de crudo y 150 millones de m3/d de gas natural, generar más de US$ 10.000 millones anuales de superávit de balanza energética y promover más de US$ 40.000 acumulados en cinco años de inversiones de upstream y downstream.