Pero, en los regímenes políticos “Democráticos” el Sistema Representativo –mediado por los Partidos Políticos- perpetúa a personas y grupos en el poder, generando una burocracia política que se aprovecha de ese poder dado por la Voluntad General y la traiciona, decidiendo a favor de intereses particulares o corporativos.

En Latinoamérica, este Sistema Representativo –al igual que en muchos países- ha llegado a su crisis más álgida, afectando a la Política y a las Instituciones de Gobierno, reafirmando el dominio de los grandes grupos económicos que, aprovechando las Constituciones liberales establecidas en el Siglo XIX, promueven la injerencia de unos Poderes del Estado sobre otros, especialmente del Judicial y Legislativo. Con el monopolio de los medios de comunicación, estos Grupos de Poder usan la vía democrática induciendo a las clases medias asalariadas y a las clases populares a elegir sectores conservadores, oligárquicos y neoliberales como opción de salida a la crisis.

Esta estrategia incluye la lucha de clases al interior de esas clases medias y populares, que divide a la población en una polarización que evita la unidad y el abroquelamiento popular por un lado y desvía la atención de la influencia de aquéllas minorías poderosas sobre la economía y la política, verdaderas responsables de la crisis.

En relación a esto, se propician relatos de anacronismos ideológicos, prejuicios raciales y culturales de clase, que exacerban las emociones, y que, sumados la falta de una política de distribución del ingreso, el aumento del costo de vida, la inseguridad, la deuda externa y la inacción de los gobiernos sobre problemáticas acuciantes, usan de chivo expiatorio a la Política y al Sistema Democrático. Esto genera un caldo de cultivo para extremismos autoritarios tal como se está observando.

El Sistema Representativo tal como se aplica está obsoleto. Pero de ninguna manera –como sostienen los partidarios del autoritarismo- la Democracia. Al contrario, la Democracia real es abierta y participativa, transparente y pública; aquélla a la que se resisten los grandes Grupos de Poder y los que se perpetúan en los gobiernos. El ejercicio democrático es deliberación, decisión comunitaria y debate permanente. La práctica de la Política como libertad absoluta de un individualismo absoluto, siempre responderá a intereses personales y corporativos que perjudican a la población.

Combatir este tipo de Política cuyo resultado extremo es la intolerancia y la apropiación, es el camino para tomar conciencia de nuestro derecho a una mejor convivencia, estrechando filas contra los causantes reales de la postergación y la desigualdad: los grupos concentradores, los monopolios económicos y mediáticos, la burocracia política, sindical, y los extremismos autoritarios y antidemocráticos, tanto como el pensamiento economicista que los autolegitima.

Las diferencias internas de los políticos, muestran a las claras lo lejos que están de los mandatos populares, más preocupados por obedecer a aquellos intereses y a lo electoral que a sus obligaciones. La población pide coherencia con esos mandatos de los cuales son corresponsables. El problema no es económico solamente, sino de firmes decisiones políticas de bienestar social que tienen que imperar sobre lo económico. Cuando se gobierna, no se puede dejar de tomar decisiones; ni pasar la responsabilidad a otros, lavándose las manos. Es una actitud irresponsable porque es deber de gobernantes y oposición garantizar un gobierno justo.

“Los hermanos sean unidos, ésa es la ley primera…” José Hernández, en el Martín Fierro