Según lo informado oficialmente, estas familias recibirán la mitad del valor del arancel de jornada simple durante los meses de mayo, junio y julio, con un tope de 27.198 pesos por estudiante, excluyendo actividades extraprogramáticas.
Sin embargo, desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), uno de los principales gremios docentes de la Ciudad de Buenos Aires, su secretaria general, Angélica Graciano, denunció que "el dinero del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) va para los vouchers". Esta medida ha generado preocupación en el sector, ya que se interpreta como un doble financiamiento para las escuelas privadas, afectando los salarios de los docentes y debilitando los programas educativos nacionales.
"Un modelo que no hace más que profundizar las desigualdades y destruir el derecho social a la educación pública", advirtió Graciano, resaltando las consecuencias negativas de esta iniciativa para el sistema educativo público.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado informando que casi 2 millones de estudiantes de niveles inicial, primario y secundario de escuelas privadas podrían acceder al voucher, asistiendo a más de 6.000 establecimientos en todo el país. Para ser elegible, el ingreso familiar debe ser menor a siete veces el salario mínimo, vital y móvil.
El proceso para acceder al beneficio requerirá que las familias completen un formulario disponible en argentina.gob.ar, del 3 al 30 de abril, proporcionando su CBU para la acreditación del dinero y detalles sobre el establecimiento educativo al que asiste su hijo/a. Esta medida ha generado un debate sobre la distribución de recursos en el sistema educativo y la priorización de la educación pública frente a la privada.