El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) informó que los precios promedio de las medicinas prepagas han experimentado un aumento del 153% entre diciembre y abril, superando ampliamente la tasa de inflación oficial del gobierno de Milei, que se sitúa en un 89%, más un adicional del 10% en abril.
Este aumento coloca los precios de las entidades privadas aproximadamente 50 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los mismos períodos.
Las empresas de medicina prepaga argumentan que las cuotas de los planes habían sido congeladas durante octubre, noviembre y diciembre por el gobierno anterior, lo que llevó a la necesidad de ajustarlas por inflación en la actualidad. Se estima que la medida de ajuste reducirá un 33% el valor de la mensualidad.
Sin embargo, los prestadores de servicios de salud rechazan la aplicación del índice general de precios, argumentando que los costos de los servicios médicos no están alineados con la inflación debido a la falta de referencias en el mercado de medicamentos e insumos, especialmente con el sistema de importación a crédito.
La situación se agrava con el aumento de los costos de servicios básicos como la luz, el gas y los combustibles. Según Juan M. Ibarguren, secretario general de la Cámara de Medicina Oftalmológica (CAMEOF), la inflación acumulada en el sector de la salud ha superado ampliamente la inflación general del país, dejando a los médicos en una situación de desfinanciamiento.
El reciente cambio en el marco regulatorio de la medicina privada y las obras sociales, mediante el DNU-70-2023, eliminó las restricciones de precios a la industria prepaga, lo que ha profundizado las asimetrías y generado preocupación en el sector médico.
En resumen, mientras los afiliados pagan cada vez más por sus servicios de salud, los médicos ven disminuidos sus ingresos y los servicios médicos no mejoran ni cumplen con las expectativas de los pacientes.
Esta situación evidencia la necesidad de revisar y ajustar el marco regulatorio y buscar soluciones que equilibren las necesidades de los afiliados, los prestadores de servicios médicos y las entidades de medicina prepaga y obras sociales.