Desde el miércoles pasado, el Concejo está sujeto a una multa diaria de $150 mil pesos como consecuencia del incumplimiento de esta orden.

Hasta el momento de redactar esta nota, las astreintes acumuladas superan el millón de pesos, lo que refleja el costo económico significativo derivado de la decisión de la presidenta del Concejo de no acatar la orden judicial. Este incumplimiento no solo implica consecuencias financieras para la institución, sino que también subraya la importancia del respeto por el Estado de Derecho y la autoridad de las decisiones judiciales en el sistema legal del país.