Miércoles, 30 Noviembre 2022

Piden Juicio Político a Ricardo Bazla, vocal del Tribunal de Contralor

Publicado el Domingo, 02 Octubre 2022 20:51 Escrito por Calle Angosta

Una denuncia y pedido de juicio político contra el abogado Ricardo André Bazla, ingresó al Concejo Deliberante el viernes último (30 de septiembre) pasado el mediodía. Si bien no trascendió el texto con las imputaciones contra el vocal del TCM (Tribunal de Contralor Municipal), pudo saberse que una de ellas sería la de mal desempeño en la función pública; otro de los cargos se relacionaría con la integración de Bazla a un supuesto "gabinete de seguimiento y control de las finanzas de la gestión" , un organismo informal creado por la fuerza opositora que integra Bazla y que parece querer arrogarse potestades que la Carta Orgánica Municipal le asigna al Tribunal de Contralor. 

Lo paradógico es que Bazla integra, por mandato popular, el TCM. Ese es el organismo que audita las cuentas de la gestión de Maximiliano Frontera. Desde ese tribunal, que funciona de acuerdo con la Carta Orgánica y en la que la oposición tiene mayoría, no aparecen cuestionamientos. En ese ámbito institucional -el del TCM- los dictámenes tienen que estar fundados; cerrada la vía "seria", "responsable" y "formal", canalizan las supuestas denuncias por ese "gabinete de seguimiento" que existe solo en la imaginación de ese grupo opositor y en el que las denuncias no requieren más trámite que el de abrir la boca frente a un micrófono que se disponga a difundir sin repreguntas.

El pedido de Juicio Político contra el Tribuno Ricardo Bazla tomará estado legislativo en la sesión del Honorable Concejo Deliberante a realizarse el próximo martes 4 de octubre de 2022. Será la sesión ordinaria N° 1564 y la primera luego de las extensas jornadas de interpelación a la Secretaria de Medio Ambiente Karina Maranguello. 

Calle Angosta no ha podido confirmar la lista de cargos ni la nómina de firmantes, sin embargo dos fuentes distintas aseguran que el pedido de Juicuio Político está motorizado por el dirigentes del sindicato de municipales, por el abogado Germán Sepúlveda (no hay precisión sobre si lo hace en su calidad de Secretario de Gobierno Municipal o de manera particular) y del médico veterinario Javier Bossa.

No es la primera denuncia

En mayo de este mismo año, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, presentó dos cargos contra Ricardo Bazla. Lo acusa de injurias y calumnias y de incumplir con su rol, por declaraciones que hizo en los medios.

La crónica peridística dio cuenta de esto asegurando que Frontera acusa a Bazla por injurias y calumnias y, al mismo tiempo, por el incumplimiento de sus deberes como funcionario público, a raíz de declaraciones que Bazla realizó en diversos medios de comunicación a finales del año pasado.

Según explicó el abogado Pascual Celdrán, quien representa legalmente a Frontera, el primero de los cargos es una querella por atentar contra el honor y el nombre de quien es, nada más y nada menos, que la máxima autoridad de gobierno de la localidad. El entonces responsable del Tribunal de Contralor "se manifestó en diversos medios diciendo que el intendente había desviado, malversado o utilizado a su antojo 832 millones de pesos, que es una plata que recibió el Municipio por coparticipación de lo que correspondía a la Provincia por el juicio que le gana a la Nación", contó. Sin embargo, el letrado explicó que "nunca hubo dinero de por medio", sino que los fondos se transfirieron a Villa Mercedes a través de obras que licitó el Ejecutivo puntano.

De hecho, agregó, "a la ciudad le correspondían 200 millones, que eran pagaderos a dos años en bonos. Pero la Provincia le ofreció a todos las intendencias duplicar ese monto y abonarlo en efectivo para que se eviten la pérdida del valor de tenerlos guardados. Y les hizo una segunda oferta, que era multiplicar aún más la cifra y dárselos en obras. Frontera, luego de una reunión con su gabinete y de tener la anuencia del Concejo Deliberante, decidió aceptar esta propuesta y firmar una adenda donde se establecía qué proyectos se iban a realizar", detalló.

Por eso, Celdrán remarcó que las acusaciones públicas de Bazla fueron totalmente falaces. "Eso configura una doble calificación legal: una calumnia, que es la falsa imputación de un delito, y la injuria, que es el ataque a la dignidad y el honor de una persona", amplió.

El segundo cargo que presentó el mandatario mercedino hace referencia a que el titular del Tribunal de Contralor habría incumplido con una obligación que tiene como funcionario: si tenía certezas de que había cometido un delito de acción pública, como él aseguraba, tenía el deber de denunciarlo en la Justicia, y no lo hizo. "Mucho más si es el titular de un organismo que cumple la función de fiscalizar al gobierno municipal", dijo.

Ambas presentaciones ingresaron en la Fiscalía Nº 2, y ahora deben seguir su curso legal, con el llamado a audiencias de mediación.

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