A pesar de la orden emitida por el sistema judicial, la presidenta del Concejo no ha acatado la decisión y los catorce empleados continúan sin ser reincorporados en sus funciones. Esta situación ha generado preocupación y malestar entre los afectados y sus familias, así como en la comunidad en general.

La desobediencia a una orden judicial es un hecho grave que pone en entredicho el respeto por el estado de derecho y la garantía de los derechos laborales de los trabajadores. La presidenta del Concejo está en la obligación de cumplir con la medida judicial y garantizar la reincorporación de los empleados desvinculados.

Desde diversos sectores se ha exigido a la presidenta del Concejo que acate la orden judicial de manera inmediata y que se restablezcan los derechos laborales de los catorce empleados afectados. Esta situación continuará siendo vigilada de cerca por la comunidad y se espera que se resuelva de manera justa y en concordancia con la ley.