El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aseguró que la provincia “no podría asumir el porcentaje de la quita de subsidios al transporte y que junto a otros mandatarios provinciales y secretarios de transportes buscarán una postura común”, para enfrentar esa situación.

“La quita del 40% del costo de los transportes interurbanos representa mucho y no lo podes volcar todo a tarifa porque se haría un boleto impagable”, explicó Poggi, quien aseguró que la provincia no podría asumir ese porcentaje y que junto a “gobernadores y secretarios de transporte de las provincias buscaremos una postura común”.

El primer mandatario hizo estas declaraciones en la ciudad de Villa Mercedes, ayer en un contacto con la prensa local, luego de conocerse el comunicado de la Secretaría de Transporte de la Nación por el que se anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior.

Por su parte el secretario de Transporte puntano, Victor Cianchino, solicitó “con carácter de urgente” una nueva audiencia con su par de la Nación, Franco Mogetta, para abordar en detalle “la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis”.

En la provincia, los subsidios significan un 38% de los costos operativos, en la actualidad, y por cada $ 100 que ingresan a las empresas de colectivos, $ 45 los aporta el Estado provincial, $ 38 el Estado nacional y los $ 17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario, explicó.

“Estamos preocupados por lo que significa presupuestariamente para el sistema, seguramente, en los próximos días podremos acceder a mayor información, algo que nos brinde claridad sobre la decisión tomada por Nación. Siendo que somos un país que se reconoce como federal, nos llama la atención que se informe que la medida afecta solo al interior, tal como dice el comunicado de prensa, desconociendo si esta resolución u otra similar, afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, afirmó Cianchino.

Asimismo destacó que “claramente en estos momentos nuestra principal preocupación está enfocada en la sostenibilidad del sistema de transporte público de pasajeros, los usuarios y la estabilidad laboral de los trabajadores”.

Finalmente recordó que, durante 2023, la Nación aportó en concepto de subsidios un total de $ 1.774 millones, de los cuales, la empresa que gestiona el transporte urbano de la capital provincial, Transpuntano, recibió $ 886.48 millones para el funcionamiento del servicio.

A partir del 1° de febrero el boleto de transporte urbano en San Luis cuesta $ 250 con subas mensuales de acuerdo a la inflación y los costos operativos, según el aumento aprobado por el Concejo Deliberante de la esta capital, y a ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios.

Un hombre fue imputado por lesiones leves calificadas por un juez que consideró que le causó daños psicológicos a su expareja al colocarle una mini cámara para espiar sus movimientos en el interior de su vivienda de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

La imputación fue realizada por el juez de Garantías 2 a cargo de la Segunda Circunscripción Judicial, Matías Farinazzo Tempestini, a instancias de la acusación formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal Leandro Estrada durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer en esa ciudad situada a 100 kilómetros de la capital provincial.

El delito que se le imputa al acusado es "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género" en perjuicio de su expareja, al considerar como lesión el daño psicológico padecido por la mujer.

El fiscal Estrada recordó que la causa se inició el 16 de noviembre de 2023 con la denuncia de una mujer, quien dijo que su expareja tenía conocimiento de todos los movimientos que ella realizaba y que se los hacía conocer por mensajes de WhatsApp.

Esa circunstancia la hacía intuir que era vigilada, lo cual confirmó cuando, de manera accidental, advirtió que en su vivienda había sido colocada una cámara oculta denominada "mini cámara espía".

Estrada explicó en un allanamiento en la casa del imputado se secuestraron diferentes dispositivos digitales, mientras que se halló en la casa de la denunciante una cámara con características tecnológicas avanzadas, con micrófono y con conexión a wifi, que se encontraba conectada a la energía eléctrica de manera permanente, es decir, que funcionaba las 24 horas del día, circunstancia que "agravó el hecho de vulneración de la intimidad de la damnificada".

El fiscal informó que de la pericia realizada al teléfono del imputado se desprendió la existencia de una aplicación que vinculaba la cámara hallada en la casa de su ex con el móvil, y que se obtuvieron 900 imágenes y 200 videos de la vida cotidiana e íntima de la víctima.

"Hubo una manipulación y vulneración de la vida privada de parte del imputado hacia la víctima", afirmó el fiscal y agregó que este hecho está definido por la acción típica del denunciado, que fue "la instalación de la cámara, el acto de manipulación del dispositivo y la obtención de imágenes, lo que define un acto de violencia de género".

En su relato, Estrada mencionó y destacó la Ley Olimpia y la Ley de Protección para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

El representante del Ministerio Público Fiscal expresó que este hecho vulneratorio de la intimidad "generó daños en la salud de la damnificada, lo que se define en el delito de lesiones" y mencionó las consecuencias en la salud psíquica y psicológica que se generaron en la víctima.

El pasado domingo, Villa Mercedes experimentó un marcado cambio en su clima con la llegada de 62,2 milímetros de lluvia, según los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). Esta cantidad posiciona a Villa Mercedes como la zona más afectada por las lluvias hasta las 8 de la mañana.

El alivio que trajo consigo esta lluvia fue significativo para los habitantes de la provincia de San Luis. Otras áreas también se vieron beneficiadas, como El Valle de Pancanta, que recibió 38,8 milímetros, y Nogolí, con 36,7 milímetros.

San Martín, por su parte, registró una menor cantidad de precipitación, con 31,4 milímetros, mientras que Villa de Praga recibió 23,3 milímetros, Villa Reynolds 13,7, La Calera 11,8, y San Francisco 8,5 milímetros.

El pronóstico para el mismo domingo sugería la continuación de la inestabilidad y un descenso en las temperaturas mínimas. Según la REM, se esperaba cielo mayormente nublado desde las primeras horas, con lluvias y tormentas, especialmente en las regiones norte, con la posibilidad de variada intensidad, y parte de la región central.

Las temperaturas mínimas estimadas eran alrededor de 19°C, mientras que las máximas promediaban los 36°C. El viento, proveniente del sector noreste, se esperaba de magnitud leve a regular (12 a 38 km/h), con algunas ráfagas fuertes.

Este cambio climático no solo brindó alivio a los sanluiseños, sino que también se anticipaba que continuaría afectando la región con condiciones inestables y variaciones térmicas durante el día.

El Intendente de la capital de San Luis, Gastón Hissa, intimó por carta documento, a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a pagar mas de seis millones de pesos, por las “acciones violentas” y “destrozos” generados en el edificio de la Municipalidad el pasado 30 de enero, cuando la fuerza gremial reclamó por los despidos ordenados por la gestión comunal.

En la intimación que realizó el intendente se sostuvo que el gremio cuenta con “72 horas para abonar" la suma requerida y se confirmó además una denuncia penal contra el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica y otros delegados y dirigentes que participaron de la protesta.

El monto reclamado a Hissa responde a “los daños materiales provocados en la puerta principal, la limpieza en todo el edificio, como así también imposibilidad de que los agentes municipales desarrollen su labor con normalidad a dicha irrupción”.

En medio del conflicto por los más de 200 empleados municipales despedidos --según denuncia el gremio-- ATE instaló el martes pasado un gazebo frente a la sede comunal de la capital provincial.

En medio de una marcha de protesta, manifestantes ingresaron a la sede del Gobierno municipal y exigieron la presencia de los funcionarios con la intención de "iniciar un diálogo" que permitiera encarrilar el conflicto.

Ante la negativa de los integrantes de la administración de la capital provincial, los gremialistas forzaron una puerta del edificio, que resultó con dos bisagras rotas y permanecieron en las instalaciones del Ejecutivo comunal hasta horas de la tarde.

ATE aseguró que entre los 200 despedidos se encuentran “mujeres embarazas, jefas de hogar, padres y madres con hijos con discapacidad que se quedan sin obra social y que conforman la larga lista que promete continuar engrosándose”.

Desde el gremio se negaron las acusaciones de vandalismo y afirmaron que se “acampó en asamblea, esperando que los funcionaros dieran la cara y explicaran el plan de ajuste que llevan adelante".