La producción y circulación de mensajes de odio entró en debate a partir del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. El tema fue planteado por el Presidente en la cadena nacional en la que anunció el feriado del viernes 2, horas después de que Fernando Sabag Montiel apuntara y gatillara dos veces a contra Cristina Fernández de Kirchner, sin que saliera ninguna bala.
También estuvo en el primer borrador de pronunciamiento de repudio que la Cámara de Diputados aprobó en la sesión especial convocada el sábado 3, aunque fue borrado del texto final el párrafo que hacía mención al tema por presión del bloque de Juntos por el Cambio, que amenazó con no dar quórum y hacer caer la sesión si el oficialismo insistía con esa postura.
En las últimas jornadas, sectores del oficialismo plantearon la necesidad de generar una legislación que regule y penalice este tipo de discursos, cuya explosión se potencia en las redes sociales. Juntos por el Cambio voceó que lo que el Gobierno busca es acallar voces opositoras y anunció que no habilitarán la discusión parlamentaria. Por la composición actual de las cámaras, sin el aval de la coalición opositora se hace inviable la aprobación de ningún proyecto. La vocera Gabriela Cerruti dijo que el Gobierno no estaba trabajando en esa dirección.
“Yo creo que con la legislación vigente alcanza, más allá de que hay que celebrar propuestas e iniciativas como la que se gestaron aquí en la ciudad de La Plata a instancia del trabajo de los organismos de derechos humanos para tratar de que el municipio adopte medidas y acciones tendientes a erradicar los mensajes de odio, pero no por la vía penal porque lógicamente a nivel municipal no se puede, sino por vía de una construcción de memoria activa y de la promoción de acciones que tienden a visibilizar los discursos de odio y tratar de erradicarlos de la dimensión de lo público”, expresó el director de Coordinación Unidad Defensor de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires, Jerónimo Guerrero Iraola, ante la consulta de Canal Abierto.
Y agregó: “yo no soy de quienes piensan que la penalización de los discursos de odio en sí mismo pueda dar algún efecto. Y que cuando los discursos de odio adquieren ya el carácter de una apología del delito o alguna vulneración a la ley anti discriminatoria o algún tipo de otra acción penal posible, ya no estamos hablando de un discurso de odio, sino que estamos hablando de un tipo penal, que ya están previstos”.
Sobre este aspecto, Guerrero Iraola sostuvo que «en lo que hay que trabajar es justamente en mejorar la calidad institucional, en mejorar desde las instituciones los resortes para que este tipo de discursos no tengan lugar. Algo de eso vimos en la Universidad Nacional de La Plata con el repudio a Martín Tetaz por su relativización del magnicidio. Como él es docente en esa institución, allí eventualmente habría que ver qué se hace frente a estos casos, cómo resolvemos institucionalmente estos casos».
Acerca de la coexistencia de una legislación que evite este tipo de discursos con la libertad de expresión, Guerrero Iraola señaló que «la libertad de expresión tiene dos fases: una es la llamada social, que es la libertad del pueblo de poder informarse y acceder a la información, y la segunda dimensión, que es la más individual, tiene que ver con la posibilidad de decir sin censura previa, poder decir y publicar lo que uno quiera publicar sin que eso pase por un filtro sensor previo.
“No obstante eso -amplió el especialista- ya está saldada la discusión en torno a que la libertad de expresión no esté exenta de responsabilidad interior. Con esto quiero decir que si yo digo una determinada cosa que obviamente puede ser caracterizada como un delito o pueda quedarse subsumida dentro de determinadas acciones de otro tenor, eso obviamente va a acarrear responsabilidad. Obviamente el hecho que va a motorizar esa responsabilidad es lo que se haya efectivamente dicho o publicado, pero me parece que hay que diferenciar lo que es la crítica política o un insulto en clave futbolera de otro tipo de acciones, que ya directamente incitan al odio, como un posteo en clave ‘son ellos o nosotros’”.
Otro aspecto que tuvo la repercusión del intento de magnicidio fue la puesta en duda o relativización del hecho por parte de sectores de la oposición y medios de comunicación. “Cuando alguien utiliza el ‘pero’ en una frase de repudio o de alarma, el ‘pero’ invalida todo lo anterior. En casos así no tiene que haber ‘peros’. Hay dimensiones en las que no cabe ni siquiera la crítica, porque ahí lo que se está haciendo es tratar de sacar un rédito político y tratar de viralizar una declaración y conseguir un retweet a partir de una idea radicalizada de algo que no tiene ningún punto de contacto con la realidad. Buscar relativizar el hecho de violencia política que vivió Cristina Fernández, sea uno kirchnerista o no, no tiene lugar, no se puede minimizar”, afirmó el letrado.
“No hay elementos ni empíricos ni fácticos que permitan siquiera poner en duda aquello que vimos todos. Después se resolverá quién es el responsable en términos penales y si el agresor actuó solo. Todas esas cuestiones serán fruto de algún nivel de discusión, pero lo que está claro es que le gatillaron dos veces frente a la cara a la vicepresidenta de la Nación, que es la segunda figura institucional más importante del Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay algo en lo que me parece que hemos corrido tanto los límites de lo que es decible sin consecuencias, que llegamos al punto de generar las condiciones para que los discursos sean el caldo de cultivo de las expresiones de odio ya materiales”, advirtió.
Sobre el impacto que una nueva legislación en este tipo de prácticas, Guerrero Iraola aventuró que “una normativa que sea prohibitiva no necesariamente va a generar el efecto de la erradicación. Yo creo que hay que diferenciar lo que son las ideas puestas en abstracto, que obviamente son repudiables en algún punto, porque hay ideas de ese tipo que rozan una contraposición con otros valores que están en la Constitución. Antes hablábamos de la libertad de expresión, que está garantizada en la Constitución. Pero la Constitución también realza el valor de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, si alguien hace una reivindicación de la dictadura cívico militar del 76 podrá estar expresándose libremente, pero también está entrando en contradicción con otros valores constitucionales y con otros valores convencionales que el Estado argentino estableció en base a unos consensos mínimos. Ahí entran en contradicción estas dimensiones: el derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la plena vigencia de la Constitución”.
“Pero una cosa es la idea en abstracto y otra cosa cuando ya hay una incitación concreta al odio o a la violencia direccional. Cuando dicen ‘vamos a matar a todos’ ya estamos pasando a un segundo umbral para el que hay legislación penal vigente que permite perseguir. No es necesario generar normas, las normas están, simplemente hay que conocerlas y aplicarlas. En ese sentido, me parece que hay que empezar a generar unos niveles de tolerancia menores a aquellas personas que sistemáticamente cruzan ese umbral”, agregó.
Y subrayó: “Si alguien discrimina por razones políticas o género con discursos de odio, ya no es la confrontación libre de ideas. Si alguien dice por ejemplo ‘a los peronistas hay que matarlos a todos’, eso ya no es una opinión en clave confrontación en el plano de las ideas, es directamente el paso a una mirada de la política en la que la última razón del escenario político está en la exterminación del otro. Eso contraría completamente nuestra legislación y nuestra Constitución, porque nosotros apostamos a la convivencia de miradas contrapuestas”.
“Lo que a mí me parece es que hace falta aplicar la legislación que hay y sí ser un poco más determinantes en hasta donde se puede, y hasta donde no, decir determinadas cosas. Ese es un límite que tenemos que construir entre todos y todas y me parece que este triste y trágico episodio que vivimos el jueves pasado. No es que podría haber sido una tragedia, fue una tragedia, cuyos resultados fueron dentro de lo trágico del episodio un poco menos gravosos. Pero me parece que es un buen punto de partida para empezar a pensar en cuáles son esos límites y cómo aplicar la legislación vigente y empezar a frenar esta escalada de mensajes y acciones que obviamente están flotando en el aire”, concluyó.
