Sábado, 15 Diciembre 2018
Viernes, 14 Diciembre 2018 08:26

Desde los años 50 del siglo pasado y con fuerza durante las gestiones de Cristina Kirchner, se instaló en buena parte de los militantes populares un reclamo hacia los compatriotas que ganaron perfiles de clase media. Ellos no habrían valorado adecuadamente cuánto de ese ascenso se debió a las políticas de un gobierno popular.

Parte del argumento es compartible, especialmente cuando la cultura globalizadora y meritocrática aleja a mucha gente del contacto con la política. De cualquier manera, parece necesario profundizar el tema, para no caer en cierto absurdo que indicaría que si un gobierno popular mejora la condición de una franja de la sociedad está condenado a perder la adhesión electoral de esa gente. Aunque hay mucha tela para cortar aquí, se ha discurrido bastante sobre el tema y podremos volver sobre esto en otra ocasión.

Hoy me interesa señalar que en todo caso se ha puesto muchísimo más interés en la psicología de los “ingratos”, que en la de aquellos que después de 12 años de gobierno con vocación popular siguieron siendo pobres. En 2015 cualquier ajustada estimación de pobreza marcaba que no menos del 25% de la población debía considerarse así.  Además, sin necesidad de muchas encuestas, se admitía – y aún se admite – que la mayoría de los afectados vota al justicialismo, con cualquier sigla que se presente.

La pregunta pertinente en este momento histórico, debiera ser – lo pongo en potencial porque no creo que sea muy frecuente -: Después de 12 años a los que entró pobre y de los cuales salió pobre, ¿cómo ve su vida ese compañero y qué espera de un gobierno que asume queriendo dejar atrás el infierno neoliberal?

Mezclando inferencias con experiencias concretas de trabajo popular, me animo a ordenar algunas de mis convicciones al respecto:

1 – Nadie se confunde sobre el deterioro relativo y absoluto que el neoliberalismo significa para sus vidas. Hasta aquellos que equivocadamente han votado a Cambiemos, ya no se engañan.

2 - Las causas asignadas al deterioro divergen.

Un primer grupo trabajó y trabaja en tareas con ingresos fronterizos con el nivel de pobreza y por lo tanto la inflación, con mala actualización salarial, los empuja para abajo.

Muchos lamentan haber perdido las changas, que eran el derrame inducido por el mayor nivel de ingresos de otros ciudadanos. No alcanzaban para salir de la pobreza de manera permanente, pero ayudaban mucho a construir expectativas de mejora sistemática.

Otros muchos, lamentan la pérdida o el importante deterioro de las diversas formas de asistencia social, desde la AUH a la jubilación con moratoria, y tantas otras.

Para mejorar su situación, los primeros esperan que baje la inflación y que sus empleadores les aumenten sus ingresos relativos; los segundos esperan que otros sectores sociales mejoren sus ingresos, lo cual arrastrará los suyos; los terceros, finalmente, esperan que el Estado vuelva a ocuparse de ellos.

3 – La breve descripción anterior me lleva a concluir que solo una fracción de los pobres, cuya importancia relativa se debería calcular pero en verdad es bastante irrelevante hacerlo, cree depender en forma directa de la ayuda estatal, aunque no esperan salir de pobres de ese modo. Los demás esperan estar mejor si la economía prospera. En tal caso, recibirán beneficios indirectos.

4 – Es imposible encontrar programas específicos, no solo ahora, sino en toda nuestra historia, que puedan ser calificados como programas directamente orientados a eliminar la pobreza y que se hayan instalado en la subjetividad de los más humildes con ese carácter. La única excepción podría ser la construcción de viviendas sociales, pero la tradicional opacidad en su asignación le resta valor relativo.

En rigor, las políticas públicas, tanto conservadoras como populares, asignan ese rol – eliminar la pobreza – a los programas de capacitación profesional y a toda la escalera educativa, asumiendo como dogma que la solución es el esfuerzo personal, con el fin de incluirse en un sistema que no se cuestiona. Hilando fino, todos decimos que la pobreza es responsabilidad de los pobres, hasta los pobres mismos. La diferencia entre actitudes de gobierno es que los populares inducen mayor derrame y aumentan las oportunidades de movilidad social.

5 – En tal contexto, no es de extrañar que los pobres no reclamen programas de cambio estructural. En todo caso, se espera mayor ayuda para las discapacidades y mayor demanda laboral.

6 – Al limitar la expectativa a la asistencia social y a la evolución de la macroeconomía, con el agravante que para ésta última la gran mayoría de la población -no solo los pobres – no entiende bien de qué depende que evolucione positivamente, el pobre queda expuesto a la manipulación y al clientelismo. Su subjetividad depende de la ayuda de hoy y de las promesas genéricas sobre el mañana. No es de extrañar, de tal manera, que la adhesión a una corriente ideológica se vaya diluyendo a medida que las generaciones nuevas llegan, sin historia que defender como propia y cada vez con menos recuerdos familiares asociados a la prosperidad o a las luchas por conseguirla.  

7 – Hasta las explosiones sociales, en consecuencia, son causadas más por la desesperación que por la defensa de un proyecto alternativa, porque en cualquier instancia se deja la iniciativa a quien gobierna, sin asumirse como sujeto activo de un plan de cambios.

Si el diagnóstico que se deduce de lo expuesto es correcto, creo imperativo contribuir a cambiar esa subjetividad, porque el principal perjudicado al pensar así es el pobre. No solo, ni siquiera como factor importante, desde el discurso. Debe ser desde la creación de condiciones materiales que reemplacen al “combatiendo al capital” de un país que cambió sustancialmente, donde los capitalistas y el Estado como empleadores generaban trabajo para todos, acotando el problema de la pobreza a la distribución del ingreso.

¿Qué quiero decir?

Exceptuando los casos de incapacidad absoluta de trabajar, que se dan en cualquier sociedad del mundo, el resto de los compatriotas deberían asociar la posibilidad de emerger de la pobreza al hecho de trabajar. Correlativamente, un gobierno que se convenza cabalmente de esto, debe construir los escenarios que lleven a los pobres a trabajar en una amplia gama de ámbitos de valor comunitario, dejando atrás y enterrando, si es necesario, el criterio de la relación capitalista de empleador/empleado como única vía. La infraestructura y el mantenimiento del hábitat; la atención de necesidades básicas de subsistencia; la educación; la salud; los servicios públicos, cada uno de esos aspectos fundamentales de la vida, puede y debe ser extraído de la lógica capitalista.  Es esencial, básico, elemental. Al pasar progresivamente todos esos ámbitos a la administración comunitaria, se construye un camino que termina con la desocupación y la pobreza en un absoluto paralelo. Llevar ese objetivo a lo concreto, caso por caso, convertirlo en meta palpable, no solo es necesario para resolver el problema, sino que a la vez define las banderas necesarias para el cambio estructural, a ser enarboladas por los militantes y por los sujetos afectados por igual.

Todos los interesados en la política y en un país definitivamente mejor tenemos la responsabilidad de dignificar la lucha por eliminar la pobreza, entendiendo el camino y además – sobre todo -ayudando a los pobres a pelear por él. Un proyecto popular no puede seguir esperanzado en el derrame inducido.

Domingo, 21 Octubre 2018 08:12

Hace unos días Alfredo Zaiat publicó un artículo que fue tapa del diario Página 12 en el que realizó un análisis de los balances de productoras, transportistas y distribuidoras de gas. La conclusión que se desprende es que los tarifazos sustentan ganancias extraordinarias al cobijo del gobierno nacional mediante la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

Zaiat afirma que "Las empresas gasíferas tuvieron ganancias extraordinarias el año pasado (2017) y en la primera mitad de este ya ganaron más que en todo 2017. Únicas beneficiadas por el shock tarifario del Gobierno, también consiguieron socializar el impacto negativo de la devaluación".

El artículo, además, echa luz sobre una incertidumbre o controversia que mantenemos los sanluiseños: si la distribuidora que nos ha tocado es de un amigo/funcionario nacional o uno provincial. Dato no menor a la hora de asignar responsabilidades y chicanas varias entre adherentes a uno u otro sector. En tal sentido, el columnista del medio nacional expresa claramente cuando refiere a "Los nombres de los dueños de empresas energéticas lo deja en evidencia: Nicolás Caputo (distribuidoras Cuyana y del Centro), Marcelo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Paolo Rocca (Distribuidora del Litoral, TGN y Tecpetrol), Alejandro Macfarlane (Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur)."

El artículo completo, publicado el domingo 14 de octubre bajo el título "El imperio del gas", a continuación.

Han registrado ganancias anuales abultadas y hasta algunas contabilizaron en el primer semestre de este año utilidades superiores al total del año pasado. Todas las empresas que conforman el complejo gasífero se están beneficiando de la política de shock de tarifas que aplica el gobierno de Macri. No sólo están cobrando por el servicio público de provisión de gas un valor desproporcionado en relación a los ingresos de la mayoría de la población y del estado de situación de pequeños y medianos comercios e industrias. También han conseguido socializar el impacto negativo de la devaluación en su cuadro de resultados. Lo han logrado pese a que son productoras de gas, transportistas y distribuidoras que han acumulado ganancias fabulosas el año pasado y en la primera mitad de este año.

PáginaI12 analizó cada uno de los balances de empresas del complejo gasífero presentado en la Bolsa de Comercio. El saldo en 2017 es impresionante. 

  • Seis distribuidoras (son nueve las que integran la red nacional) que cotizan en la Bolsa, lo que permite conocer los números de los respectivos ejercicios económicos, registraron utilidades totales por 4379,4 millones de pesos. 
  • Las dos transportistas (TGS y TGN) ganaron en conjunto 3635 millones de pesos. 
  • De las seis productoras dominantes en el mercado, cuatro (YPF, PAE, Tecpetrol y Pampa) sumaron un resultado neto de 21.462 millones de pesos (las otras dos, Total Austral y Wintershall no cotizan en la plaza bursátil local). 

En total, el año pasado, el complejo gasífero que puede ser analizado con balances de acceso público anotó una ganancia global de 29.476,4 millones de pesos.

La impactante magnitud de esas utilidades queda expuesta cuando son comparadas con las del año anterior. Las distribuidoras habían perdido en conjunto 805,5 millones de pesos; las transportistas habían ganado apenas 671 millones; y esas cuatro petroleras habían perdido 21.558 millones de pesos. Los balances 2016 de Metrogas –controlada por YPF–, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur, TGN y de YPF explican en gran medida esos saldos negativos; el resto tuvieron ganancias. En ese año empezó a impactar los aumentos de tarifas, lo que explica la relativa mejora en la mayoría de los ejercicios, para luego contabilizar utilidades fabulosas en 2017. 

En la primera mitad de este año, pese a la devaluación, todas las empresas (menos Metrogas) de cada uno de los tres eslabones del complejo gasífero han registrado ganancias, y varias por encima del total del año anterior. Igual reclamaron la compensación por el dolarazo macrista, que el gobierno concedió.

Tarifazo

Juan José Aranguren (ex CEO de Shell) fue como ministro de Energía el responsable del diseño de un esquema tarifario muy beneficioso para las compañías. Marcó un sendero de ajuste alcista abusivo de los consumidores, además de dolarizar las tarifas. Su reemplazante, Javier Iguacel (ex vicepresidente de Pluspetrol), buscó hacer leves retoques en el margen de ese cuadro para evitar tarifazos aún más desmedidos. En vez de un aumento del 75 por ciento, pactó un alza del 50 por ciento a partir de este mes, aunque fue presentado en sociedad como un incremento promedio del 35 por ciento. Con ese aumento ya aprobado, como explicó en detalle en este diario Fernando Krakowiak, el tarifazo de gas acumula 1600 por ciento desde fines de 2015. Iguacel insiste con que las tarifas de gas subirán 35 por ciento en promedio, sin aclarar que para las dos categorías de menor consumo, que concentran el 55 por ciento de los clientes, el alza en el Area Metropolitana llega al 50,4 por ciento y en un año acumula un incremento de 218 por ciento. 

El castigo

En la persistente tarea de castigar a los usuarios, Iguacel anunció el recorte de la tarifa social que Aranguren había introducido al comienzo de su gestión, para atenuar el impacto del tarifazo en los sectores de menores recursos. Además, eliminó la bonificación de 10 por ciento para los usuarios residenciales que pudiesen reducir su consumo un 20 por ciento respecto al mismo período de 2015. 

El anuncio que los usuarios debían compensar a las empresas por la devaluación un monto a pagar en 24 cuotas se dio en ese contexto de nueva ronda de tarifazos, recorte de la tarifa social y quita del beneficio por ahorro. Sólo funcionarios que se ocupan de cuidar el negocio de las empresas energéticas pueden avanzar sin inhibiciones en ese combo de medidas regresivas.

La propuesta original del secretario de Energía que sigue actuando como si fuera ministro, Javier Iguacel, era que los usuarios de gas transfirieran a las empresas unos 10 mil millones de pesos en 24 meses, con intereses, para compensarlas por el aumento del tipo de cambio en el primer semestre del año. Ante la reacción social y política a ese despropósito, y el mismo día que el presidente Macri había avalado esa medida, el Gobierno informó que el Estado se hará cargo de esa cuenta. 

Sin que el directorio del Fondo todavía haya aprobado el acuerdo que incluye la promesa oficial de déficit cero, esa decisión para preservar los extraordinarios márgenes de ganancias de las gasíferas, pone en tensión la relación con el organismo financiero internacional del que depende la economía macrista. El ministro Nicolás Dujovne tendrá que convencer a los técnicos del FMI de que hará recortes en otras partidas para liberar esos recursos para las gasíferas. 

Esta medida refleja que el Gobierno ordena su gestión con la primordial tarea de cuidar los intereses de las gasíferas y que, ante la resistencia social a convalidar otra vuelta del ajuste, retrocede un poco, aunque si descuidar la ecuación económica de las empresas porque ahora la cuenta será cargada al fisco. Esa protección no tiene una raíz ideológica o tecnocrática basada en una concepción ortodoxa, sino que exhibe por su rusticidad en la elaboración de las resoluciones la misión de hacer cada vez más rentable el negocio de amigos, allegados o socios del macrismo. Los nombres de los dueños de empresas energéticas lo deja en evidencia: Nicolás Caputo (distribuidoras Cuyana y del Centro), Marcelo Mindlin (Pampa Energía y TGS), Paolo Rocca (Distribuidora del Litoral, TGN y Tecpetrol), Alejandro Macfarlane (Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur).

Injusto y regresivo

El argumento básico, para justificar el aumento desproporcionado, injusto y regresivo de las tarifas de gas, dice que existe una pauta de consumo de derroche en los hogares. El presidente Mauricio Macri encabeza esa cruzada repitiéndolo una y otra vez cuando no existe evidencia empírica ni respaldo en investigaciones en el área energética para sostener esa afirmación. En la defensa enfática de garantizar ganancias extraordinarias a conglomerados energético vía tarifazos, el Gobierno carga la responsabilidad de los aumentos en sectores vulnerables, desde clases medias y bajas hasta pequeños y medianos comercios e industrias.

La demanda de gas natural está definida por la temperatura, por eso es mayor en las provincias más frías, y es bastante inelástica respecto de los cambios tarifarios y el nivel de ingreso. Esto último significa que la utilización de gas no sube o disminuye significativamente según el nivel de la tarifa y el monto de los ingresos de los hogares.

Esto queda claro en los balances generales de las dos gasíferas de Nicolás Caputo, el “hermano del alma” del presidente Macri, Distribuidora Gas del Centro, que presta el servicio público de distribución de gas natural por redes en Córdoba, Catamarca y La Rioja, y Distribuidora Gas Cuyana, Mendoza, San Juan y San Luis. En la primera firma, el volumen total de gas entregado el año pasado “disminuyó 2,56 por ciento respecto a 2016” por distintos factores. Uno de ellos fue “debido a una crónica térmica más cálida para el año 2017”. Ambas compañías contabilizaron ganancias crecientes. La primera anotó 770,5 millones de pesos el año pasado, cuando en el anterior había registrado 141,6 millones; mientras que la otra ganó 588,5 millones, cuando un año antes la utilidad había sido de 136,6 millones. El saldo en el primer semestre de este año ha sido excepcional para ambas distribuidoras: ganancias por 608,9 y 544,2 millones de pesos, respectivamente, casi el mismo monto que el registrado en todo 2017.

Devaluación

El recorrido por los ejercicios anuales presentados en la Bolsa de Comercio, eligiendo firmas representativas de diferentes eslabones de la cadena energética, permite observar las utilidades originadas por el tarifazo y a cuáles de ellas el dolarazo tuvo un mayor impacto. 

Gas Natural BAN, controlada por los españoles de Gas Natural Fenosa, es la segunda distribuidora del país en cantidad de clientes (5,5 millones) y participa del 14,8 por ciento del total de ventas del mercado residencial y comercial. En 2017, ganó 543 millones de pesos, y en el primer semestre de este año, 568,6 millones. Sin deuda en dólares de relevancia, la megadevaluación macrista no la afectó.

En 2017, TGS (Mindlin) ganó 2793 millones de pesos, un 200 por ciento más que los 930 millones del año anterior. En el primer semestre de este año, acumula una utilidad de 2835 millones –más que todo lo registrado en 2017–, pese a tener un resultado financiero muy negativo, de 1688 millones de pesos, porque la devaluación recortó esa ganancia fabulosa. En el balance explica que, pese a que la deuda de TGS está denominada en dólares, no evaluaron necesario “contratar instrumentos de cobertura de moneda”. O sea, fue una decisión propia de la compañía no cubrirse de una eventual devaluación, incluso informó que su apuesta financiera fue en pesos. Detalla que “durante 2017, considerando el alto nivel de liquidez de la Sociedad a lo largo del ejercicio y aprovechando las tasas reales positivas, una considerable parte de las disponibilidades fue destinada a  colocaciones denominadas en pesos”.

Una situación similar se puede observar en Camuzzi Gas Pampeana (Macfarlane). El año pasado ganó 824,9 millones de pesos, y en el primer semestre de este año, apenas 98,6 millones. Esa caída del resultado positivo se debió a que por la devaluación contabilizó en el ítem  diferencia de cambio neta una pérdida de 517 millones de pesos.

Otra empresa que recibió de lleno el golpe de la devaluación fue Metrogas. En 2017, ganó 774,8 millones, cuando un año antes tuvo una pérdida de 604,4 millones. En el primer semestre de este año, las pérdidas ascendieron a 2200 millones de pesos. Con deudas en dólares de corto plazo, el ajuste de la paridad de 20 a casi 40 pesos por dólar implicó una diferencia de cambio negativa sobre pasivos financieros de más de 2000 millones de pesos y sobre la deuda comercial de 1000 millones de pesos. Metrogas compró contratos dólar futuro, lo que le reportó una ganancia de 447 millones de pesos en ese período, suma que no le alcanzó para compensar el quebranto general. La deuda en dólares le genera una situación crítica. El 8 de febrero pasado, Metrogas instrumentó un préstamo no garantizado por 250 millones de dólares, a 36 meses, con la exigencia de compromisos en cuanto a indicadores financieros, que a mitad de año no pudieron ser cumplidos. Los acreedores la perdonaron, manteniendo el plazo de repago trimestral de la deuda a partir de febrero próximo. El 70 por ciento de Metrogas está en manos de YPF y está en venta, operación que está siendo manejada por el Citibank. Cuatro empresas pujan por ese paquete accionario: CGC, la petrolera de Corporación América, el holding que encabeza Eduardo Eurnekian; Integra, una firma encabezada por José Luis Manzano; Camuzzi, controlada por Disvol de Alejandro Macfarlane, y Gas BAN.

Más balances

Transportadora de Gas del Norte, controlada por el grupo Techint, reportó ganancias de 842 millones de pesos el año pasado, y en el primer semestre de éste anotó utilidades por 371 millones. Ese monto hubiera sido mucho más abultado si no fuera por las pérdidas de 1246 millones de pesos por resultados financieros. En el balance deja constancia que es una firma que está “expuesta al riesgo de tipo de cambio”, siendo que la mayor parte de sus ingresos están denominados en pesos y parte de sus costos y la totalidad de la deuda financiera es en dólares. La firma de la familia Rocca amenaza con que, “si se diera el caso de una devaluación o inflación significativa, sin un adecuado ajuste de las tarifas, la Sociedad podría enfrentar dificultades en honrar sus compromisos financieros”. Después aclara que parte de las inversiones están colocadas en instrumentos financieros que se ajustan por la variación del dólar o están directamente emitidos en dólares, “lo que permitiría paliar parcialmente el riesgo devaluatorio”. Calcula el impacto potencial en el estado de resultado de cada punto porcentual de devaluación del peso, que representaría aproximadamente una pérdida de 23 millones de pesos, considerando que otras variables económico-financieras relevantes para la compañía se mantuvieran constantes.

Los ejercicios de estas compañías muestran que fueron decisiones propias, en base a la evaluación que hicieron sobre la marcha de la economía, qué hacer con sus recursos, cómo protegerse ante alteraciones en el mercado cambiario y cuáles fueron las opciones elegidas de inversiones financieras. Estudiando los balances de las empresas, que permiten descubrir cómo son manejadas, aparece con nitidez que ni los usuarios ni el Estado tienen que “compensar” a las empresas del complejo gasífero por una devaluación.  

Jueves, 18 Octubre 2018 07:06

El Índice de Precios al Consumidor (IPC-SL Base 2003=100) es un índice que mide la variación de los precios de u conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en una región geográfica determinada. 

En la actualidad, la canasta del IPC-San Luis está compuesta por 301 productos. Es un conjunto de bienes y servicios cuyos precios son recopilados para el cálculo del IPC. Esta canasta se desagrega en 9 capítulos.

En promedio, se relevan y supervisan 245 precios por día, que hacen 4.900 al mes y 58.800 al año.

El Nivel General del índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) registró en septiembre un aumento de 7,7 % en relación al mes anterior.

Una síntesis de las variaciones de precios correspondientes a cada capítulo (rubro) de la canasta del IPC SL se puede observar en el cuadro que acompaña este artículo.

Con este número de septiembre, se consolida una variación anual de 34,9 % (tomando enero-septiembre) y una variación iteranual (septiembre de 2017 - septiembre de 2018) de 43,3 %.

La publicación completa de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de San Luis puede descargarse aquí.

Calle Angosta | Periódico Digital. Publicación digital con artículos de interés en diversas temáticas, con selección de textos, imágenes, audios y vídeos.

Newsletter

Suscríbite gratis a nuestro boletín. No te pierdas ningún artículo ni historia.

¡No enviamos SPAM!