Domingo, 24 Marzo 2019

Después de Laudato Si, que no solo denunció la crisis ecológica, sino que también puso al trabajador en el centro del debate como víctima principal de un sistema económico que mata, no puede armarse una agenda mundial seria sobre el desarrollo humano integral sin pensar el futuro del trabajo, y sin establecer con carácter de urgencia un programa de transición hacia las nuevas tecnologías digitales y los nuevos modelos económicos sustentables. La OIT levantó el reto; el proyecto está en marcha. 

El 22 de enero, en el marco del centésimo aniversario de la Organización Mundial del Trabajo, se hizo público el documento de la Comisión Mundial de la OIT para El Futuro del Trabajo que muestra crudamente la realidad del trabajador en el siglo XXI. La cifra de 300 millones de personas desempleadas confirma la denuncia del papa Francisco cuando dice que el trabajador pasó de ser explotado a ser desechado. No obstante, el informe es esperanzador. Con la transformación tecnológica y ecológica se perderán tantos puestos de trabajo como los que se crearán. Se trata de centrar la economía en la persona humana, invertir en capacitación y organización para los más vulnerables, y redefinir trabajo y educación. El plan busca organizar la transición hacia un nuevo modelo de trabajo donde la tecnología sea la herramienta liberadora del cuerpo y del tiempo de los trabajadores. La transición tiene como clave la inversión en capacitación, y como condición el acuerdo social tripartito –entre empleados, empleadores y gobierno. Todo en línea con el principio de Trabajo Decente establecido por la OIT en 1999, y con los 17 puntos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable de la ONU. 

Cruda realidad: La cuestión del trabajo es tan “calamitosa y urgente” como lo era a fines del siglo XIX –así comenzaba la primera encíclica social Rerum Novarum de León XIII en 1891–. Según el documento de la OIT: 190 millones de personas están desempleadas; 2000 millones sobreviven por la economía informal –que en algunos casos es economía social y en otros crimen organizado–; 300 millones viven en la pobreza; y casi 3 millones mueren anualmente por enfermedades de trabajo. De acuerdo con estas cifras, la comisión establece que deben crearse 344 millones de empleos de acá al 2030 para terminar  con el desempleo.

Análisis de la situación: Según la Comisión Mundial “nuevas fuerzas están transformando el mundo del trabajo” y causan desocupación estructural, pero también nuevas oportunidades. Los cambios políticos significativos a lo largo de la historia responden a nuevos sistemas económicos determinados por saltos cualitativos tecnológicos. La llegada de la pólvora a occidente, por ejemplo, fue la causa del pasaje del feudalismo al Estado moderno con su modelo de centralización y administración de bienes y cuerpos. Si el avance de la tecnología hacia lo digital y robótico es realmente un salto cualitativo significativo que habilita otro modo de producción, entonces el modelo económico y político actual estaría en proceso de cambio. Algunos interpretan la situación presente como desvío de la       lógica imperante hasta el siglo XX, al cual creen que hay que corregir y, por falta de nombre, le han dado      el de populismo. Otros, como la Comisión Mundial de la OIT –conscientes de que ante el cambio tecnológico de la Revolución Industrial fueron los mismos trabajadores los que dejaron de pelear contra las máquinas rompiendo telares, y comenzaron a organizarse sindical y partidariamente hacia estilos democráticos–, no ven en la tecnología una competencia desleal sino un factor de liberación del tiempo y el cuerpo del trabajador: “tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan estas transformaciones profundas”. 

Plan estratégico: El plan está enfocado en la persona del trabajador excluido y consta de tres ejes: 1) invertir en las capacidades de las personas –pobres–; 2) invertir en las instituciones del trabajo –sindicatos y movimientos sociales–; 3) invertir en el trabajo decente y sostenible –economía verde y del cuidado–. La inversion en capacitación de las personas debe garantizar: aprendizaje para todos y de manera permanente generando un “ecosistema de aprendizaje”; apoyo a las personas trabajadoras en el periodo de transición; transformación para igualdad de género; y fortalecimiento de la protección social. Por su parte, la inversión en las instituciones del trabajo deben restablecer: la garantía laboral universal; la soberanía sobre el tiempo del trabajador; la representación colectiva; y la tecnología en función del trabajo decente. Por último, la inversión en trabajo decente y sostenible debe poder transformar las economías reorientando los incentivos hacia un modelo empresarial centrado en la persona del trabajador, antes que en el trabajo. 

Redefinición del trabajo: Se parte del supuesto de que todo aquel que para vivir depende de un salario es trabajador, incluso los desempleados. Pero no se lo percibe así. La aplicabilidad del proyecto depende de una redefinición social del trabajo. Aunque   el informe señala que “el trabajo no es mercancía”, la idea de que los trabajadores realicen una actividad creativa remunerada sin que esta sea empleo asalariado en condiciones indignas, está lejos de identificarse socialmente como trabajo. Según la propuesta, el trabajo continuaría, lo que desaparece es el empleo asalariado en condiciones inhumanas. Se trata de volver socialmente aceptable la idea de que mientras la tecnología hace el trabajo forzado, los trabajadores se forman. Se propone la creación de dos fondos, de Garantía Laboral Universal y de Protección Social Universal, para asegurar a los trabajadores más vulnerables, desde el nacimiento hasta la vejez, lo básico, independientemente de su situación laboral. El dinero está, lo que falta es sensibilidad social, ya que –según el informe– han “reducido la proporción de los ingresos nacionales consagrados a los trabajadores”. 

Redefinición de educación: La solución al desempleo finalmente depende de una “conversión cultural” como propone Laudato Si. Aun cuando las inversiones en formación lograsen ser “una prioridad básica de la política económica”, se requiere de una redefinición de la educación. El programa sugiere la creación de un “ecosistema eficaz de aprendizaje permanente” que engloba el aprendizaje formal e informal: “El aprendizaje permanente no abarca solamente las competencias necesarias para trabajar, sino que también comprende el desarrollo de las aptitudes necesarias para participar en una sociedad democrática”. Propone que sea supervisado de manera tripartita de acuerdo a un sistema universal de derecho a la formación. El cambio permitiría a los trabajadores tiempo libre y remunerado, y sería independiente del tipo de trabajo que hagan ya que estaría destinada a “apoyar a los trabajadores más vulnerables”. 

La organización: El Futuro del Trabajo depende de los trabajadores organizados, son ellos “los que deben diseñar una nueva concepción de trabajo que aplique la tecnología en función de su bienestar”. Sin embargo, la concentración del poder económico debilitó a las organizaciones de trabajadores en la negociación colectiva, y además “el cambio climático va a perturbar aún más los mercados laborales”, ya que “la degradación del medioambiente afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables y a los países de bajos ingresos”, tal como lo denuncia también Laudato Si. La Comisión Mundial es consciente de que los cambios jurídicos –como la derogación de derechos laborales en Brasil–, y la dificultad de conectar trabajadores por la falta de empleo, hace más difícil la posibilidad de organizarse. Sugiere a los trabajadores organizados “adoptar estrategias de organización inclusivas, posibilitando la afiliación a los trabajadores informales”. Los movimientos sociales son una alternativa que surge en el escenario de desempleo estructural. No obstante, los Convenios Colectivos de Trabajo son la realidad efectiva del diálogo social y la cultura del encuentro, del cual hoy 330 millones de personas desempleadas quedan excluidas.  

* Miembro del equipo internacional del Programa OIT-ICMC: The Future of Work, Labour After Laudato Si, a cargo de Pierre Martinot-Lagarde, con sede en Ginebra. Asesora de Uitec (Unión Iberoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios).

Publicado el Sábado, 02 Marzo 2019 09:57 Escrito por

La consultora Gustavo Córdoba y Asociados comunicó el resultado del estudio de opinión pública realizado entre el 14 y 15 de febrero. Se realizó en todo el territorio nacional, tomando 1200 casos mayores de 16 años con el procedimiento de estratificado por conglomerados. La ficha técnica completa puede verse en una imagen en la galería de este mismo artículo.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Dicen los encuestadores que el estudio del mes de Febrero muestra el punto más alto de rechazo a la gestión Presidencial de Mauricio Macri, desde 2015. Un 64,7% de argentinos desaprueban la gestión presidencial.

Continua muy firme el pesimismo sobre la marcha de la economía del País. Más del 66% de los argentinos cree que la economía del País a un año, va a estar peor que ahora.

La inflación, por octavo mes consecutivo, es visualizada como el principal problema del País.

Como síntoma del contexto que estamos atravesando, siguen muy altos los valores que reflejan la falta de credibilidad de los grandes empresarios, la justicia y la política.

Nuevamente hemos medido el sentimiento respecto de los principales ejes de la política argentina.

Tanto el anti cambiemos como el anti k, nos muestran un elevado porcentaje de rechazo, aunque ha declinado levemente el sentimiento de rechazo al eje kirchnerista.

En donde si hemos verificado un cambio sustancial, es en las posiciones o ejes peronista antiperonista. En el sentimiento positivo, se agruparon el 41% de las respuestas. El mes previo habíamos registrado un 28%. En
la posición de rechazo o anti PJ, bajo de 39% a 33%.

En las imágenes, destacamos el aumento en la negatividad de María Eugenia Vidal y de Sergio Massa.

Mauricio Macri tiene 63% de negativa y una Positiva de 35%. Leve Mejora de Juan  Manuel Urtubey. Roberto Lavagna posee  una de las mejores imágenes entre los dirigentes medidos.

ANÁLISIS CONTEXTO ELECTORAL

Cuando aún estamos lejos de las definiciones de las principales figuras que van a competir en las presidenciales, lo que podemos observar es que el contexto político del gobierno nacional es sumamente complejo. Por un lado, observamos que la idea de votar por la continuidad de la gestión Macri no supera el 25%. Y además tenemos a un 63% que piensan votar por un cambio o alternancia respecto del gobierno de Macri.

También podemos observar un importante crecimiento en la idea de votar a un espacio político que no sea el de Mauricio Macri o el de Cristina Kirchner. En efecto, casi un 59% respondió afirmativamente, y solo un
25% opinó de manera contraria. En diciembre. Los que estaban a favor, eran 45%, en enero subió al 50%. 

Descargar el RESUMEN de la encuesta >

Publicado el Miércoles, 20 Febrero 2019 10:27 Escrito por

A fines del 2018, el gobierno provincial dio a conocer su resolución por la cual se decretó la caducidad de la concesión dada anteriormente a la multinacional australiana Latin Resources para la explotación de litio en la mina Géminis, próxima a San Francisco del Monte de Oro. Se trataba de una explotación a cielo abierto con fuertes posibilidades de destruir o contaminar las nacientes y cursos de varios ríos provinciales.

En octubre del año pasado, en tres notas analicé las serias amenazas de ese proyecto minero para esa zona y para la provincia toda. (ver www.tochimoreno.com.ar).

No obstante la decisión gubernamental, los vecinos de San Francisco movilizados en rechazo a ese proyecto, no están del todo satisfechos. Es que el decreto se sustenta en un argumento formal, la demora en cumplir obligaciones por parte de la empresa beneficiada con la autorización original. Nada dice esta norma gubernamental de cuestiones de fondo, por lo que queda abierta la puerta para que en el futuro otras empresas se presenten y puedan acceder a esa pretendida explotación. Tampoco esa medida sirve como antecedente para juzgar y resolver sobre las pretensiones de esa y otras empresas, por casi 300.000 hectáreas en toda la provincia.

¿Cuáles son a mi juicio estas cuestiones de fondo?

La mega minería y minería a cielo abierto

Debemos tener presente en primer lugar, que los minerales tan necesarios para nuestro actual modo de vida, sumado a la sobre explotación de los yacimientos conocidos, ha logrado la extinción de las vetas en las que los minerales suelen encontrase de modo fácilmente identificable y en altas concentraciones. De ahí que la explotación por galerías subterráneas ha dejado de ser rentable, siendo reemplazada por la búsqueda de minerales diseminados en distintos tipos de formaciones geológicas. En estos casos, al encontrarse los minerales en concentraciones de unos pocos gramos por toneladas de roca, se los extrae mediante un arsenal de maquinarias, uso de químicos, explosivos y grandes extensiones de terreno. Por eso el apelativo de mega minería. La que lleva a la necesidad de realizar grandes excavaciones que pueden medirse en kilómetros de largo, por cientos de metros tanto en ancho como en profundidad. Dejando enormes huecos en el suelo, los que nunca vuelven a ser lo que fueron, destruyendo todo lo que originalmente existía en la zona. Se les exige, sin éxito, a las empresas que terminada su explotación vuelvan a su lugar las toneladas de roca extraídas. Aunque lo hagan, lo destruido, destruido queda, sin remedio. Para estos inmensos pozos se producen múltiples explosiones, que sacan miles de toneladas de roca por día, que luego son molidas y tratadas químicamente hasta lograr finalmente el producto mineral buscado. Los químicos usados, son todos contaminantes en distintos grados de gravedad. La historia minera mundial de los últimos 50 años es lamentablemente rica en casos graves de desastres ambientales por el fracaso de las pretendidas medidas de seguridad; siempre de la mano de la desmedida ambición de las grandes mineras multinacionales, que las pone claramente en rol de asesinos del medio ambiente y de miles de personas.

Este tipo de minería requiere gran cantidad de energía, millones de litros de agua por día, grandes superficies para el movimiento de maquinaria, campamentos, depósitos de residuos, etc.;  dando por resultado la destrucción de la geografía y el paisaje, acumulación de miles de toneladas de desechos rocosos, la destrucción de la flora, expulsión de la fauna,  la destrucción de glaciares si los hubiese en la zona explotada, de manantiales, arroyos, bañados,  afectando seriamente la hidrografía, la que también es agredida por los restos de los químicos usados para purificar el mineral buscado, el más grave de todos es el cianuro, usado especialmente en la explotación del oro.

Tenemos así que la mega minería va dela mano con la minería a cielo abierto, en una trágica unidad pensada tan solo para el presente, para potenciar la ganancia empresarial con total desprecio del medio ambiente, de la vida en todas sus formas y ninguna responsabilidad para con el futuro.

La legislación provincial

En mis notas del año pasado me referí a las leyes provinciales que reglamentan la actividad minera y la protección ambiental. La buena intención de legislar estos temas no basta, al menos en nuestro caso, porque hay carencias que son puerta abierta para que la amenaza sobre el medio ambiente integralmente concebido, siga latente. De ahí seguramente, la disconformidad de los vecinos de San Francisco del Monte de Oro.

De las carencias

La ley Nª IX-0634-2008 de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero expresa en su artículo 1° que procura “… garantizar la preservación de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, la biodiversidad, el ambiente y la calidad de vida de todos los habitantes”, a tal efecto lista las   sustancias químicas cuyo uso prohíbe.  Están las más conocidas “… y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de prospección, cateo, exploración, explotación, beneficio y/o industrialización, de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.”

Lo que falta en esta ley es específicamente   la prohibición de la mega minería y de la minería a cielo abierto. Esa omisión es grave porque omite la unidad entre contaminantes y destrucción ambiental; no prohíbe las excavaciones con tal que se lleven la roca extraída para ser tratada químicamente en otras provincias. Podemos quedarnos sin la contaminación química, pero sí con la destrucción ambiental. Queda claro, las dos son dañinas, no se quiere ninguna.

Insisto en esto de prohibir la minería a cielo abierto, porque el hoy gobernador Alberto Rodríguez Saá, siendo pre candidato a Presidente de la Nación en el 2011, dijo en declaraciones periodísticas conceptos como “tengo premios internacionales por mi posición con el medio ambiente”, “Cuando llegue a la presidencia terminaré con la explotación de la minería a cielo abierto y con contaminantes…  Si seguimos depredando el ambiente dentro de tres décadas tendremos problemas que serán incontrolables.” A un medio mendocino le dijo: “Todos los partidos se tienen que expresar en contra de la minería a cielo abierto con químicos que contaminen.”

Años después, diciembre de 2016, en programas radiales de la ciudad de Buenos Aires insistió:” Estoy en contra de la minería a cielo abierto, de estos que vienen, depredan todo, se van y no dejan un peso acá.”

En esa misma línea, recuerdo la Ley IX – 0749-2010, Plan Maestro Ambiental: Tratado de paz entre Progreso y Medio Ambiente. Estrategia 2010-2020, también sancionada durante ese anterior período gubernamental de hoy gobernador. Ley que dice en uno de sus artículos “Habrá Paz entre la generación de energía y el clima de la Tierra, entre la producción, los residuos y la limpieza de los ecosistemas y entre el consumo y los recursos”.

Vale recordar estas expresiones de Alberto Rodríguez Saá porque la ley a la que me refiero fue sancionada en 2008, durante su anterior mandato como gobernador. Es necesario que las ideas verbalizadas   en campañas electorales, se transformen en ley, la que a su vez debe concretarse en acciones gubernamentales.

De coherencia se trata.

El Impacto Ambiental

Volvamos a nuestras leyes, ahora la IX-0876-2013 – Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuyo artículo 5º reza así: “Ningún proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, podrá iniciar su ejecución en la Provincia sin el previo cumplimiento del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).”

Para este EIA, el gobierno debe contar con:  a) Una dependencia que lo haga; b) Un cuerpo de inspectores y profesionales debidamente capacitados y equipados; c) Un laboratorio propio o contratado, debidamente equipado para el estudio de las muestras extraídas; d) Asignación presupuestaria suficiente, a efectos de cubrir los costos que la actividad de control y fiscalización requiere.

Bien por estas exigencias y precisiones, sólo que no sabemos si se han cumplimentado.  Siendo que el daño ambiental nos afecta a todos y por muchas generaciones venideras, el pueblo todo debe conocer cuál es la dependencia responsable, quiénes la integran, qué formación específica poseen, cómo está equipado el o los laboratorios actuantes, etc.  Información que debe estar publicada permanentemente y con fácil accesibilidad.

Mientras que la ley precisa que el EIA es de responsabilidad gubernamental, nos encontramos con el artículo 13 que dice: “El estudio de impacto ambiental deberá ser presentado por el sujeto obligado… “

Luego, el artículo 14 precisa que “Los EIA serán realizados a costa del titular del proyecto, emprendimiento, obra, instalación o actividad …, siendo exigible que el profesional que realiza las conclusiones se encuentre debidamente inscripto y habilitado por la Autoridad de Aplicación. El resto de los profesionales intervinientes sólo deberá acreditar su título profesional con competencia para firmar los estudios que realiza y la matrícula Provincial cuando exista el respectivo colegio profesional en la Provincia.”

Hay contradicción porque en definitiva la empresa minera es la que hace el EIA con profesionales a su elección de entre los inscriptos y matriculados en un colegio profesional. No hay en la provincia un colegio específico de profesiones en temas ambientales.  La exigencia de título profesional es tan ambigua como pobre. Debe pedirse formación específica y antecedentes en evaluaciones ambientales, tanto como de lugares de trabajo, debiera considerarse negativamente la experiencia en empresas con antecedentes de destrucción ambiental, sean mineras, constructoras, energéticas, agropecuarias, etc.

Siempre está posibilidad de que empresas tan poderosas paguen informes favorables a sus proyectos. Habrá que encontrar la forma de impedirlo.

Darle tanto margen de maniobra y elección a las empresas, grandes o pequeñas, es dejar que el zorro cuide el gallinero.

Nunca las ganancias empresariales o las ambiciones políticas, pueden ser más importantes que el medio ambiente.

Ampliar y perfeccionar las leyes

Estas cuestiones y otras que puedan surgir de un intenso trabajo en equipo, deben ser incluidas en la legislación para mejorarla y garantizar que nuestro medio ambiente sea realmente protegido, no desde lo coyuntural y formal, sino desde una visión integral que resuelva no solo lo actual, sino previendo lo que necesitan las futuras generaciones.

Se trata, insisto, de coherencia entre lo dicho y lo hecho.

Se trata también y por, sobre todo, de cumplir con el concepto del destino universal de los bienes, el eterno ignorado, tanto en cuestiones ambientales, como en la economía que nos rige.

Siendo que tanto el actual gobernador, como buena parte de la dirigencia opositora han sabido expresarse en contra de la destrucción ambiental, particularmente en temas de la minería, no debería ser utópico esperar un acuerdo legislativo que concrete estas reformas en el marco del diálogo constructivo del que tanto suele hablarse.

De no darse estas y otras mejoras a nuestras leyes, el temor a nuevos intentos de minería a cielo abierto y contaminante, seguirá presente.

De no darse un acuerdo entre todos, alguien debiera efectuar la propuesta en el ámbito legislativo, para que nos quede claro a todos quién está del lado de la protección ambiental y quién no.

SAN LUIS. Febrero 11 de 2019

Publicado el Viernes, 15 Febrero 2019 12:37 Escrito por

Se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género" en la Administración Pública Nacional.

La secretaría de Empleo Público aprobó el "Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género" en la Administración Pública Nacional, la medida ya figura en el boletín oficial desde el 15 de enero. El protocolo implica entre otras cuestioenes que se brinde acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar o doméstica.

La licencia por Violencia de Género podrá ser utilizada por las agentes de la Administración Pública Nacional, que se encuentren en relación de dependencia laboral con las jurisdicciones u organismos comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional y que sufran violencia de género. La licencia, no requiere un mínimo de antigüedad en la relación de dependencia laboral y la persona solicitante deberá comunicarse con el área de Recursos Humanos.

El protocolo, establece que podrán administrar la licencia los Directores Generales de Recursos Humanos de cada jurisdicción o ente descentralizado, debiendo notificar a todo el personal el circuito para recibir las solicitudes y los datos de contacto pertinentes "dichas áreas de Recursos Humanos deberán capacitar a su personal en el abordaje de esta temática, para que puedan brindar contención y asistir al denunciante, orientándolo hacia los organismos de atención competentes".

Publicado el Domingo, 27 Enero 2019 16:13 Escrito por
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